Durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, el nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, respondió a varias de las dudas requeridas en forma escrita y dejó claro el esquema de lo que serán las relaciones con por lo menos tres países latinoamericanos, uno de ellos, Guatemala.

Quizá donde mayor tensión se verá en los próximos meses será en las relaciones entre Washington y Venezuela, pues el emisario escogido por Donald Trump ha declarado que trabajará estrechamente con Brasil, Colombia y con la Organización de Estados Americanos para buscar una “transición negociada a un gobierno democrático” en Caracas, para reconstruir las instituciones políticas. Esto contaría con la participación de defensores de la democracia y de derechos humanos.

En lo relativo a Colombia también se ciernen nubarrones, cuando afirma que revisarán los recientes acuerdos de paz para determinar hasta qué punto Estados Unidos debe seguir apoyando a esa nación en algunos aspectos. Esto podría equivaler a recortes presupuestarios, lo que ha sido una de las insistencias del presidente Trump respecto de los recursos que salen de ese país para ayudar a otras democracias.

En todo caso, seguirán invariables en la diplomacia estadounidense las presiones diplomáticas a los colombianos para que se mantengan los compromisos que contribuyan al control efectivo de la producción y tráfico de drogas.

En el caso de Guatemala, la nominación, ayer, de Tillerson en el Comité del Senado puede verse como un espaldarazo a la lucha contra la corrupción que hoy libran el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pues en sus respuestas previas también había declarado que ese esfuerzo estaba entre las prioridades del Departamento de Estado y que Estados Unidos continuaría su apoyo.

Tillerson respondió específicamente al Senado estadounidense el pasado 11 de enero: “Sí, continuaremos apoyando la importante misión anticorrupción de la Cicig en Guatemala y la Maccih en Honduras” —la contraparte hondureña en la lucha contra la corrupción—. En dicha respuesta también sobresale la preocupación por mantener ese apoyo a los socios centroamericanos en la lucha contra la impunidad. También mencionó que buena parte de esos esfuerzos y el respaldo a la región permanecerán mientras sea necesario para la promoción de la seguridad pública y el bienestar de la población, a fin de que tenga acceso a un sistema de justicia pleno.

Es obvio que para algunos sectores sociales y políticos guatemaltecos esta no es la mejor noticia en el inicio de la era Trump, pues muchos aspiraban a una variación en esas relaciones, lo cual ha quedado descartado y obliga a un replanteamiento en las estrategias. Antes que otra cosa, se debe comprender que los estragos causados por la corrupción en este país han llegado demasiado lejos; que se debe respaldar la institucionalidad para apuntar a la transformación de un sistema al borde del colapso y que las presiones se prolongarán en tanto no se hagan y se perciban cambios significativos.