La mayoría de entrevistados coincide que es urgente que se apruebe el reglamento para operar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para consultas comunitarias.
Consultado el Ministro de Energía y Minas (MEM) Luis Chang, acerca de porqué ha tardado por largos períodos estos conflictos sin avanzarse en resoluciones lo atribuye a “la falta de interés para reglamentar los procesos de consultas a pueblos indígenas” pero aseguró que el actual Gobierno lo está retomando.
Autoridades de energía
Luis Chang, ministro de energía y minas, defendió que que impulsan la reglamentación de los procesos de consulta a pueblos indígenas, según el Convenio 169 de la OIT.
En la actualidad se trabaja con una metodología para iniciar procesos de consulta propuesta y ha sido validada por autoridades locales y organismos internacionales.
Esa cartera además tiene previsto presentar una propuesta de reformas a la Ley de Minería, que incluirá procesos de consulta, repartición equitativa de regalías y cuidado al medio ambiente. El ente que sea el encargado de ejecutar las acciones, dependerá de cómo quede reglamentada la propuesta de reformas.
Representantes de sectores creen que hay otras acciones que pueden ayudar a disminuir la conflictividad como cambiar la tasa de alumbrado público o inversión en las comunidades.
Esta semana la cúpula empresarial organizada en el El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) se pronunció por falta de certeza jurídica no solo por los conflictos sino por posteriores resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia en los cuales algunos proyetos se suspenden.
Según la Asociación de Generadores de Energía Renovable hay al menos 14 proyectos hidroeléctricos suspendidos, que suman 452 megavatios y representan una inversión estimada de Q10 mil 871 millones.
Es integral
El reglamento al convenio 169 de la OIT le compete al Ministerio de Energía y al Gobierno, y si es necesario debe hacerse una ley, refirió Carlos Colom presidente de la Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager).
Además opinó que es necesario cambiar la forma de cobro del alumbrado público, porque hay municipios en donde los usuarios pagan más por ese servicio, que por el consumo propio.
El Estado debe invertir más en las comunidades para cubrir servicios básicos, y se debe ampliar la electrificación rural.
Regulación
Reglas claras es lo que pide el sector privado, según Antonio Malouf, vicepresidente del Cacif.
A su criterio, el Gobierno debe retomar la discusión y definición de su contenido y posterior aprobación.
Considera que la responsabilidad es de diversos sectores ya que “es una conflictividad que como guatemaltecos, el Ejecutivo y las Cortes de Justicia, dejaron al tiempo y se han vuelto complicados”.
La homologación de los procesos de diálogo entre empresas y comunidades dependen de reglamentos del Estado y otras acciones de municipalidades, refirió.
