El 16 de diciembre, el saliente Secretario general de la ONU publicó un comunicado sobre la controversia entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, en el que se afirma que el Proceso de los Buenos Oficios, iniciado en 1990, para tratar de buscar una solución a la controversia “continuará por un último año, hasta el fin de 2017, con un mandato reforzado de mediación”. Ban Ki-moon agrega que “también ha llegado a la conclusión de que, si hacia fines de 2017, el Secretario General concluyera que no se ha logrado un avance significativo hacia un acuerdo completo para la solución de la controversia, elegirá la Corte Internacional de Justicia como el próximo medio de solución, a menos que los gobiernos de Guyana y Venezuela, en forma conjunta, solicitaran que se abstenga de hacerlo”.

El gobierno de Nicolás Maduro ha insistido en seguir con el proceso de los Buenos Oficios, que no es otra cosa que una negociación bilateral asistida, en cambio la entonces canciller guyanesa Carolyn Rodríguez, ya a fines del 2014 manifestaba que habían pasado más de dos décadas, y dado que los Buenos Oficios no habían dado ningún resultado había que explorar otras opciones, mencionando la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El nuevo gobierno del presidente David Granger, a partir del 2015 inició una activa y decidida estrategia diplomática para convencer al Secretario General que la Corte era el medio de solución adecuado para resolver de una vez la controversia. Al mismo tiempo empezó a prepararse para enfrentar el complejo proceso que implica defender su posición ante la CIJ, para lo cual ya ha contratado expertos juristas internacionales. Mientras tanto, ¿qué hacía el Gobierno de Venezuela? Ni siquiera nombró un negociador a tiempo completo apoyado por un equipo de funcionarios. El Acuerdo de Ginebra de 1966 es el tratado que rige la reclamación venezolana sobre el Esequibo y en su artículo I se lee que hay que buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia, surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito. Guyana afirma que el objeto del Acuerdo es establecer la validez o nulidad del Laudo, mientras Venezuela, por su parte, sostiene que no tiene sentido proponer una solución “práctica y mutuamente satisfactoria” a una controversia estrictamente jurídica. El Acuerdo de Ginebra establece que el Secretario General, si las partes no llegan a concordar ningún arreglo, podrá decidir cuál de los medios de solución pacífica de controversias previstos en el Art. 33 de la Carta de la ONU debe utilizarse para la controversia. La decisión de Ban es obvia y absolutamente favorable a Guyana. Lo único que debe hacer Guyana es dejar pasar un año más sin acordar ningún arreglo y logrará su objetivo. Hay juristas nacionales que afirman que estamos obligados por el Acuerdo a someter el caso a la Corte, otros que sostienen que someterse a la jurisdicción de la CIJ, para Venezuela, siempre es voluntaria. De todas maneras, no respetar la decisión del Secretario General tendría costos políticos para Venezuela, que sería acusada, con razón o sin razón, de violar un tratado internacional. El gobierno guyanés debería también entender que una solución definitiva de la controversia, sostenible en el tiempo, difícilmente pasará por una decisión suma-cero, totalmente favorable a una de las partes.

@sadiocaracas