En una nueva escena, que solo podría protagonizar Álvaro Arzú Irigoyen, el alcalde capitalino, este habría pretendido, mediante acciones verbales presentadas por abogados cercanos, excusarse de asistir a una citación en el Juzgado Noveno Penal para exponer sus argumentos respecto de una acusación que pesa sobre él, por incitar a la violencia callejera, lo cual lo tiene al borde de un proceso de antejuicio.

Los mandatarios habrían intentado sustentar la absurda petición en dos motivos. Uno se refiere a su estado de salud, el cual podría ser comprensible, pero el segundo desvirtúa el primero: no desea encontrarse con la Prensa, lo cual implicaría que en todo caso el titular del Juzgado celebrara la audiencia en la municipalidad capitalina. Evidentemente, la judicatura rechazó esas justificaciones y ratificó la citación al jefe edil para mañana, a las ocho horas.

Debe quedar claro que la acusación contra el alcalde Arzú es seria y el denunciante tiene entre las pruebas una videograbación en la que, con toda claridad, se puede escuchar a dicho funcionario edil incitando a la violencia, para colmo con palabras vulgares que tampoco suenan extrañas, al provenir de uno de los políticos más prepotentes de los últimos años, quien en ocasiones ha recurrido a acciones personales de varios grados de violencia.

Pero más vergonzoso es que Arzú haya tenido la ocurrencia de pretender hacer llegar a su despacho a un alto funcionario judicial por el simple hecho de no querer encontrarse con la Prensa. Esto lo retrata de cuerpo entero y agrega elementos de su característica prepotencia, al buscar que los procedimientos jurídicos se adecúen a sus intereses.

Una de las facetas que muchos funcionarios se resisten a comprender es la relevancia de sus cargos y algunos incluso parecen confundir los mandatos que los votantes les conceden cada cuatro años y se sienten propietarios de los cargos, desde los cuales pueden imponer su voluntad y favorecer solo a aquellos que participan de sus negocios o alaban sus atropellos contra la población, lo cual debe tener un límite que el señor Arzú parece no aceptar.

El sempiterno jefe edil ha llegado al extremo de descalificar la labor de la oficina de Derechos Humanos, al afirmar que si él repele a los vendedores informales lo sancionan, entonces le parece mejor que sean sus mismos beneficiados los que se encarguen de repartir garrotazos para así lograr que nadie pueda reclamar nada. En un país como el nuestro, con los índices de violencia tan altos, una incitación de ese calibre puede convertirse en motivo incluso de muertes. Tener conciencia de ello debería ser fácil.

El Código Penal, en cuanto al delito de incitación pública, estipula que lo cometen “quienes públicamente o por cualquier medio de difusión, incitaren formal y directamente a una rebelión o sedición, o dieren instrucciones para realizarla”, con lo cual el proceso que se inicia contra Arzú adquiere relevancia y por ello lo más prudente es que esta primera audiencia sea celebrada de acuerdo con lo previsto hace una semana, sin contratiempos ni excusas inverosímiles. El precedente de esta situación es necesario.