Los guatemaltecos se han caracterizado durante mucho tiempo por arrastrar una profunda apatía respecto de lo que ocurre en la administración pública y por ello se escuchan muy pocas voces de protesta o para llevar más lejos las inconformidades por la pobre calidad en muchos de los servicios, al punto de haberse virtualmente apagado el reclamo manifestado en la Plaza de la Constitución durante el 2015.

Pocos son quienes ejercen con más responsabilidad sus derechos y los llevan más allá del reclamo en las filas frente a oficinas gubernamentales, labor que más bien ha quedado como un ejercicio de fiscalización de los medios de comunicación independientes.

Una de las más nefastas consecuencias de esa apatía ha sido el abandono de los políticos a sus promesas o el incumplimiento de planes de gobierno, cuando los hay, sobre temas fundamentales para la vida nacional, como el fortalecimiento de un sistema educativo o el de la salud, con tantos rezagos y víctimas que ni siquiera deberían pasar por esos calvarios.

Quizás a ello se deba que, invariablemente, todas las administraciones de Gobierno le han quedado a deber a los guatemaltecos, unas más que otras, y pareciera que la actual podría ser una de las más deficientes si quienes hoy gobiernan no enderezan el rumbo, pues se trata de un año perdido.

Esto se ratifica en más de una instancia y con diferentes sectores, y aun desde las redes sociales se percibe el hastío y a veces hasta un tono más elevado para calificar la actual gestión. El todavía presidente del Congreso, Mario Taracena, lo redujo a su mínima expresión al afirmar que el informe del primer año de gobierno podría caber en un tuit.

Prensa Libre consultó a diversos centros de pensamiento y analistas, y todos coinciden en que la mayoría de promesas del presidente Jimmy Morales no se han cumplido, y aunque es apenas el primer año de gestión se perciben síntomas preocupantes que podrían llevar a un pleno incumplimiento de esos ofrecimientos.

Entre los muy delicados compromisos que el actual mandatario hizo durante la campaña electoral del 2015 se incluye el haber dicho en más de una ocasión que no subiría los impuestos, y esto no solo se ha constituido en uno de sus mayores fiascos, pues a los pocos meses intentó impulsar una reforma tributaria en el Congreso, sino que ahora se aproxima un segundo intento.

Una de las principales frases electorales con las que se vendió el presidente Morales fue la de “ni corrupto ni ladrón”, pero ahora son pocos quienes creen en esa promesa, sobre todo porque la corrupción no está solo relacionada con el saqueo de los recursos públicos y en ese sentido uno de los mayores daños es el involucramiento del mandatario en manipuleos políticos para amoldar un relevo en la Junta Directiva del Congreso.

Entre los mayores fiascos de la actual administración se encuentra el no haberle dado la lectura adecuada al contexto de su elección y creer, como los políticos tradicionales, que la población le concede un cheque en blanco para que impere su voluntad.