El próximo ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, designado por el presidente electo, Alejandro Giammattei, comentó el fin de semana pasado que quería revisar la posibilidad de imponer algunos impuestos específicos en forma temporal. Entre ellos las líneas telefónicas, los combustibles y las remesas.

Este comentario chocó de frente con lo que Alejandro Giammattei siempre dijo en su campaña, que no habría más impuestos. Más bien, que simplificaría el sistema impositivo. Definitivamente ambos se tienen que poner de acuerdo sobre un tema tan importante, para no causar incertidumbre, sobre todo a los inversionistas potenciales y a los guatemaltecos.

Siempre me he opuesto a los impuestos específicos. Considero que en vez de simplificar el sistema impositivo lo complica. Un sistema impositivo debería tener un impuesto nada más, que sea universal, lo más neutro posible y sencillo de administrar, recolectar, pagar y controlar. El gravar diferentes actividades lo único que hace es desincentivar esa actividad y provoca un incremento en su precio.

Eso de que el impuesto sea temporal es una falacia, dado que hemos experimentado que se vuelven permanentes. ¿Cómo? cambiando de nombre y afectando terriblemente a los consumidores. En los últimos 30 años lo hemos vivido así: el IEMA, que era el impuesto a las empresas mercantiles y agropecuarias (1999-2004); el IETAAP, que era el impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz (2004-2008); y el ISO, que es el impuesto de solidaridad (2009 a la fecha).

La propuesta de González Ricci no es novedosa. En 2015, los diputados del partido UNE (Unidad Nacional de la Esperanza) propusieron incrementar el ISR a los que más ganaban, en forma temporal, para seguridad. Mientras que los diputados del partido Podemos propusieron incrementar Q1.00 al impuesto sobre derivados del petróleo para destinarlo a Salud. Estas propuestas no fueron aprobadas.

A finales de noviembre de 2014, la CC (Corte de Constitucionalidad) de aquel entonces declaró inconstitucionales unos impuestos específicos que el gobierno de Otto Pérez Molina había establecido el año anterior. Estos eran unos impuestos específicos a la telefonía, otro al cemento y otro a la minería. La razón de la inconstitucionalidad fue más de forma que de fondo. Pienso que el fondo es lo más importante, ya que estos impuestos específicos eran absurdos, pues las empresas ya pagan el IVA (impuesto al valor agregado) y el ISR (mal llamado impuesto sobre la renta, porque debería llamarse impuesto al rendimiento del capital).

Bien haría el ministro designado en pensar desde ya en la simplificación tributaria. El problema de Guatemala no es de ingresos, sino de gasto. Si primero generara confianza reduciendo ministerios y secretarías innecesarias, al igual que el personal que se necesita; si primero se desregulara para evitar tanto trámite absurdo que retrasa las inversiones de capital y la generación de nuevas empresas, si facilitara los trámites, eliminara las aduanas (para evitar otro foco de corrupción y de ineficiencia), entonces el país crecería a un ritmo mayor y ese crecimiento le generaría más ingresos tributarios.

Hace cinco años se calculaba que por cada incremento del 1% del PIB en términos corrientes, el Gobierno recaudaría Q500 millones más. Si en vez de crecer al 3% anual se creciera al 6% anual, que es una de las metas de Alejandro Giammattei, entonces el Gobierno recaudaría Q4,500 millones más. Esto debido a la mayor actividad económica. La economía es dinámica, no estática, y lo importante es ampliar la base tributaria a través de una mayor actividad económica.