Desde su inicio, la batalla contra la corrupción y la impunidad también se ha librado en el campo mediático. A pesar de esto, ha sido escaso el análisis sobre sus implicaciones e impactos.

En países como el nuestro, donde el poder y la riqueza están concentrados en poquísimas manos, la propiedad de los medios está ligada —casi con exclusividad— a los sectores de poder y, por lo tanto, a su agenda. Por eso, cuando las investigaciones y procesos penales alcanzaron a estos actores y a sus operadores, la maquinaria mediática empezó a funcionar para protegerlos y preservar el sistema. Históricamente ha sido así en temas como acceso a la tierra, desigualdad, evasión fiscal o justicia transicional.

No fue de extrañar que el monopolio de la televisión prácticamente obviara la cobertura de las manifestaciones ciudadanas. La alianza entre los políticos y el señor de los canales no es una graciosa coincidencia, sino una bien montada y añeja operación, que además de generarle a él millonarias de ganancias —y al Estado, enormes pérdidas—, garantiza la sobrevivencia del sistema político corrupto y clientelar de los partidos-franquicia.

La estrategia fue por años bastante funcional: transmitir producción basura —generalmente ligada al mundo del espectáculo, las variedades, los chismes o las telenovelas— y producir informativos de corte amarillista, repletos de infomerciales y enfoques light, que generan una ciudadanía alienada y desmovilizada.

Pero las movilizaciones sociales del 2015 demostraron que la sociedad guatemalteca quería un cambio de rumbo y una transformación del sistema y el estatus quo imperante, y que eso implicaba un apoyo tácito a los procesos e investigaciones penales impulsadas por el MP y la Cicig.

Por eso, al menos cuatro sectores implicados en redes mafiosas y criminales se unieron con el objetivo de generar una estrategia pública y mediática para destrozar la lucha contra la corrupción y la impunidad —la del presente y la del pasado—. Ahora tenemos en el mismo bando a los políticos corruptos, los empresarios corruptores y evasores, y a los militares vinculados a graves violaciones de derechos humanos. La reciente compra de un medio escrito les permite por la vía de la desinformación la tergiversación de los hechos y los ataques furibundos basados en calumnias y difamaciones, minar la credibilidad de los procesos penales y los actores que los impulsan; intentan devolver al país al estado en el que estaba antes de abril 2015.

Aunque Thelma Aldana e Iván Velásquez son los objetivos centrales, periodistas y analistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales, jueces independientes e incluso propietarios de medios que no se alinean se han visto vilipendiados y amenazados.

Lo más grave de todo es querer cobijar su objetivo de perpetuar la impunidad bajo la sombrilla de la libertad de expresión, cuando en realidad de lo que se trata es de usar los espacios mediáticos como herramientas de sabotaje y desestabilización; y eso no se vale.

Los medios son un campo en disputa, en el que por cierto vamos perdiendo por amplio margen. Por un lado está el grupo de la transformación y por el otro quienes quieren frenarla a como dé lugar. Si no entendemos que la lucha contra la impunidad y la construcción de un país incluyente en el que quepamos todos pasa por la democratización de la agenda pública y por desconcentrar la propiedad mediática, no habrá transformación posible y la mayoría de medios continuará siendo, como hasta ahora, caja de resonancia del poder.

@MarielosMonzon