Actualmente, hay unas 90 personas en procesos judiciales o condenadas con penas de hasta 30 años de cárcel por divulgar comentarios considerados críticos con la monarquía, casi la mitad en internet o en las redes sociales, según la ONG tailandesa iLaw.
Patnaree Chankij, una limpiadora tailandesa, está acusada en un tribunal militar porque otra persona insultó presuntamente a la monarquía en un mensaje privado de Facebook y ella respondió en tailandés “ya”, que se puede traducir como “vale”.
Patnaree se enfrenta a entre 3 y 15 años de prisión, la pena que el artículo 112 del Código Penal contempla para “cualquiera que difame, insulte o amenace al rey, la reina, el heredero o el regente” y a 5 años adicionales de cárcel, dice la Ley de Crímenes Informáticos.
Según la limpiadora, la Policía tuvo acceso a sus mensajes privados tras confiscar un ordenador portátil a un amigo de su hijo, Sirawith Seritiwat, conocido activista contrario a la junta militar.
Desde que el Consejo Nacional para la Paz y el Orden, nombre oficial de la junta militar tailandesa, tomó el poder en un golpe de Estado en mayo de 2014 aumentaron la persecución de los casos de lesa majestad y la vigilancia en internet.
Anon Chawalawan, activista de iLaw, indicó que la policía y los militares normalmente piden a los acusados sus claves de acceso a internet para poder investigar sus comunicaciones en las redes sociales o por correo electrónico.
Esta persecución del delito de lesa majestad en internet y las redes sociales “manda un mensaje escalofriante y mucha gente tendrá más cuidado cuando publique algo en internet”, dijo a Efe Anon.
El pasado octubre, el viceprimer ministro tailandés, Prajin Juntong, afirmó que el operador de la aplicación de mensajería Line y el gigante informático Google se habían mostrado dispuestos a colaborar en la retirada de contenido crítico con la monarquía.
Google y Line respondieron en sendos comunicados que su política es no vigilar o bloquear contenidos, a menos de que exista una orden judicial que certifique su ilegalidad y tras una revisión rigurosa.
Según datos de Google en su página web, la compañía recibió un total de 33 peticiones del Gobierno tailandés para retirar más de 1.500 elementos, incluidos vídeos, páginas web y blogs, entre junio y diciembre de 2015.
El conglomerado informático no revela qué cantidad de contenidos retiró, pero las autoridades tailandesas revelaron que han bloqueado al menos 900 páginas web por contenidos críticos con la corona solo en el mes de octubre de este año.
Las enmiendas a la ley de internet han sido criticadas por ONG como iLaw, Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que temen que aumenten la censura y la persecución de activistas por la ambigüedad de algunos términos.
Según la sección 18 de la norma, la Policía podrá pedir a los proveedores de servicios de internet datos personales y el registro de navegación en la red de usuarios sin orden judicial durante un proceso de investigación.
Además, la sección 20 permitirá a un comité especial pedir una orden judicial para borrar contenido que no sea ilegal, pero que “vulnere el orden público o la moralidad de la ciudadanía”.
El primer ministro y jefe de la junta militar, Prayut Chan-ocha, ha defendido que la ley es necesaria para frenar los crímenes como la falsificación o los ataques piratas en internet y que no será utilizada para coartar los derechos de ningún ciudadano.
“‘Buena moralidad’ es paz, orden y seguridad nacional”, espetó Prayut para aclarar uno de los términos utilizados en la Ley de Crímenes Informáticos, según el diario Bangkok Post.
El primer ministro precisó que las enmiendas servirán para prevenir de forma más eficiente los ataques procedentes del extranjero o para combatir el terrorismo.
