En la postuladora de CSJ, tuvo 4 votos a favor y 31 en contra, mientras que en la de Apelaciones tuvo 9 votos a favor 26 en contra.
La propuesta también incluía defensores de personas vinculadas a lavado de dinero, fraude, evasión impositiva, delitos financieros, adopciones irregulares, violaciones de derechos humanos, corrupción, tráfico de influencias abuso de poder y otros delitos de alto impacto, excluyéndose a los defensores públicos.
No haber practicado el litigio malicioso, el patrocinio infiel, donde se incluya el retardo malicioso durante el uso indebido de las garantías constitucionales con el fin de obstruir procesos judiciales y de no ocupar cargos directivos en las organizaciones políticas que pongan en riesgo su independencia e imparcialidad.
Los comisionados, sobre todo Dennis Herrera vinculado a Fredy Cabrera y Romeo Monterrosa vinculado al grupo de los abogados de Mixco, fueron los que defendieron no la profesión liberal no se puede castigar, incluso mencionaron la declaración de derechos humanos que ha establecido que atentar en contra los casos que lleven los abogados es una violación de sus derechos en el ejercicio profesional.
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No obstante, expertos consultados por Prensa Libre señalan que los comisionados debieron haber analizado más el tema y tomando en cuenta el momento coyuntural que vive el país y señalan que si bien esto ya fue aceptado los miembros de las comisiones, estos deben argumentar bastante sus decisiones y ponderar de forma distinta a quienes tengan conflicto de interés.
Elvin Díaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, se mostró preocupado por la medida pese a que reconoció se respeta el libre ejercicio de la profesión y que cada abogado puede ejercer en los estándares que personalmente considere convenientes.
“El hecho de defender estructuralmente narcotraficantes o personas ligadas a proceso de corrupción denota una posición en defensa de esos intereses y preocupa que esas personas aspiren a ser magistrados”, declaro el experto.
Agregó que la comisión debió poner un límite en cuanto a estas personas que han estado defendiendo los intereses de este tipo de grupos y que la decisión no fue conveniente “sobre todo por el momento histórico que el país atraviesa”.
“Hay casos de corrupción abiertos, casos de tráfico de influencias y narcotráfico, la comisión debió haber tomado un mejor criterio en que no se aceptaran como postulantes a magistrados a postulantes que han defendido este tipo de causas”, apuntó Díaz.
Reconoció que los abogados argumentarán que están en su libre ejercicio de la profesión, pero insistió que “cuando se defiende ese tipo de causas y de intereses uno asume la posición respecto a ello y la magistratura debe estar exenta de ese tipo de intereses”.
Stuardo Ralón, abogado constitucionalista y miembro del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), explicó que en países con sistemas de justicias más sólidos los hay una serie de criterios objetivos en la evaluación de los candidatos.
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“En este caso estamos ante poco tiempo que tiene la comisión, no existen bases de datos, no existe un procesamiento totalmente reglamentado y tampoco existen exámenes de oposición y la nómina que tienen que enviar de los potenciales magistrados”, explicó el abogado.
Destacó que es “si alguien hoy está litigando un caso específico, se postula a una sala y en esa sala le va a tocar resolver sobre el caso que hoy litiga es un aspecto de conflicto de interés, por lo que otro candidato que no tiene ese conflicto debería tener una mejor puntuación”.
“Los postuladores deben hacer razonamientos amplios. Cuando estén evaluando y consideran que un candidato tiene conflicto de interés no solo tienen que levantar la mano y decir que tiene un menor punteo, sino que tienen que hacer un razonamiento”, apuntó Ralón.
Afirmó que “no se trata de hacer un listado de nombres en términos generales, sino de que todos los candidatos haya o no ejercido defensa, sean evaluados sobre parámetros objetivos”.
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Guatemala debe estar atenta
José González, coordinador del Programa de Justicia de Impunity Watch, afirmó que no es que se esté sancionando el ejercicio liberal de la profesión, sino que hay que tener presente que ya se ha dado en varios casos que se han judicializado donde el abogado no solo presta los servicios profesionales, sino que también se incorporan a la red a la que están defendiendo.
Gonzalez citó como ejemplos al abogado Mario Cano que de defender a Roxana Baldetti paso a ser sindicado, lo mismo con el abogado Benjamín Estrada defensor de Marixa Lemus alias La Patrona.
“Allí ya trasciende el trabajo de una defensa técnica, los abogados tienen el derecho de recibir a sus clientes, de poder litigar los casos que puedan defender técnicamente, pero el arte es que no sea un abogado que se pueda identificar con este tipo de sector y que no sea parte operativa de la estructura que está defendiendo en este momento”, acotó el experto.
Agregó que muchos abogados “se han prestado para formar parte de las estructuras que están defendiendo” y “es muy complicado” cuando quieren formar parte de una magistratura tanto para Corte Suprema de Justicia como de Apelaciones, “para seguir buscando impunidad”.
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“Eso es parte de un reto de evaluación que se tiene que hacer, de cuando se está frente a un abogado penalista que es un experto en la defensa penal y cuando se está frente a un abogado que no sea técnico”, añadió el experto.
“El proceso de comisiones de postulación de este año tiene especial relevancia en el contexto de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que tendrá lugar en menos de dos semanas”, indicó Adeline Neau, Investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional.
La experta destacó que “por ello es fundamental que quienes estén a cargo de estas comisiones velen por que se cumplan los criterios de idoneidad e independencia de los aspirantes al cargo de magistrados”.
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Agregó que “sin un sistema de justicia independiente y fortalecido, Guatemala no podrá seguir adelante con la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos humanos en el país y destacó que recientemente en un informe Última Oportunidad de Justicia, Amnistía Internacional manifestó su preocupación por los ataques contra la independencia de jueces.
En el documento se afirma que los jueces tienen que defenderse en continúo de denuncias penales, quejas disciplinarias y de otro tipo, como parte del uso indebido del sistema penal y de mecanismos disciplinarios para hostigar y castigarlos por sus decisiones y sentencias.
Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la independencia de los jueces, absteniéndose de emitir declaraciones que puedan interferir con sus labores y de recurrir o dar trámite a procesos penales infundados.
José Echeverría del Movimiento Cívico Nacional (MCN) considera que debido que ya se aprobó que no haya restricciones, al momento de la votación para integrar la nomina de candidatos los comisionados deben de motivar o sustentar porque es que votan por un candidato u otro.
“Yo creo que se decisión que la Comisión dejara de lado una herramienta de transparencia muy importante. Yo creo que los votos en contra no fueron acertados, en algunos pudo ser por desconocimiento. Hay comisionados que entran si mayor conocimiento, evidentemente el sistema de comisiones tiene fallas”, refirió.
Echeverría señaló que a partir de ahora pueden existir liderazgos de comisionados que se atrevan a señalar porque están votando, porque los requisitos son tan importantes y que ayuden a que la nomina final este integrada por personas probas, con capacidad e independientes que puedan garantizar la administración de justicia.
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