La labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) está por concluir, pero el impacto que ha tenido trascenderá en la historia del país. Las investigaciones que llevó a cabo, junto con el Ministerio Público (MP), revelaron con toda crudeza el alto nivel de penetración de las estructuras criminales en el Estado y permitieron a los guatemaltecos creer que es posible llevar ante la justicia a los delincuentes de cuello blanco. El arribo al país de Iván Velásquez, como comisionado de esa instancia, le dio un fuerte impulso a las pesquisas y acciones que desenmascararon al presidente Otto Pérez y a la vicepresidenta Roxana Baldetti como los capos de la mafia de La Línea. Ese ha sido un punto de inflexión que no se podrá borrar fácilmente porque logró que miles de ciudadanos, sin importar ideología, salieran a las calles a exigir la renuncia de los gobernantes y apoyaran la profundización de la lucha contra la corrupción.

El sector empresarial organizado aplaudía a la Cicig porque había metido al bote a políticos corruptos. Sin embargo, la situación se tornó tensa cuando comenzaron a ser investigados y encarcelados altos dirigentes empresariales que se consideraban dueños del país y, por lo tanto, intocables. Más aún cuando la Cicig y el MP revelaron cómo el empresariado ha financiado en forma ilegal a varios partidos, entre ellos el Frente de Convergencia Nacional (FCN), y cómo el presidente Jimmy Morales había estado implicado en ese delito. A partir de ese momento las fuerzas más oscuras comenzaron a fraguar el golpe contra la Cicig porque se había salido de su control y se había convertido en una amenaza para sus intereses. Varios dirigentes del Cacif financiaron los cabildeos en EE. UU., mientras desde el Gobierno y el Congreso se armaba toda una estrategia para atacar a Iván Velásquez y fraguar la salida de la Cicig del país.

Al igual que la ciudadanía confluyó para tratar de erradicar la corrupción, las mafias también se aliaron para revertir los avances de la investigación penal y la justicia. Dos días después de que la Cicig y el MP presentaran una solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra el presidente Morales, por financiamiento electoral ilícito, este declaró a Velásquez como no grato, en agosto de 2017. Para entonces ya estaba aceitada la maquinaria desde Washington, pasando por el Cacif, el Ejército, los presos del Mariscal Zavala y los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial para destruir la labor de la Cicig. Desde las redes sociales proliferaron los netcenter, cuyo objetivo era desgastar la imagen de Velásquez, así como los grupos ultraderechistas que enarbolaron la bandera de la supuesta soberanía. Confluyó el fanatismo ideológico con las estructuras corruptas interesadas en desbaratar todo aquello que limitara su campo de acción.

Hoy esas estructuras proimpunidad, encabezadas por el presidente Jimmy Morales y financiadas por el gran empresariado, celebran la salida de la Cicig de Guatemala. Creen que recuperaron su paraíso para delinquir. Sin embargo, ellos no pueden ocultar que un 72% de guatemaltecos respalda la labor de esa comisión, según una encuesta de la firma ProDatos. Ese alto porcentaje ha tomado conciencia de quiénes forman parte de las mafias que saquean los recursos del Estado y la necesidad de combatirlas para llevar a sus miembros ante la justicia. Al respecto, me parecen aleccionadoras las palabras de Iván Velásquez: “Una ciudadanía, activa y consciente de la realidad que vive, no puede claudicar en su lucha por la dignidad ni resignarse”. Quizá el principal legado que nos deja Velásquez es que es posible la lucha contra la corrupción y la impunidad. Florecerás, Guatemala.