La declaración en contra del proyecto de crear un Centro Administrativo del Estado (CAE) en los terrenos de la antigua estación de ferrocarril, ofrecida ayer por el ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea, mostró una división en el Gabinete porque el actual titular de Finanzas, Julio Héctor Estrada, lo promueve desde que dirigía el consejo de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).

Esa área de la ciudad fue declarada patrimonio moderno de la Nación en el 2014, lo cual representa uno de los obstáculos para ejecutar la obra, que ha sido también criticada debido a que sería imposible evitar un mayor congestionamiento de vehículos en los alrededores. Entre quienes se oponen se encuentran las universidades de San Carlos y Landívar, e incluso la municipalidad capitalina, así como profesionales con amplia experiencia en urbanismo.

El problema tiene varias facetas. Integran esa alianza los ministerios de Finanzas, Economía, Comunicaciones y Energía y Minas, mas no el de Cultura, pese a que los fines de esa entidad público-privada —en la que el Estado comparte el riesgo— incluyen respetar el patrimonio cultural de la Nación. Además, el presidente Jimmy Morales se ha manifestado públicamente a favor de la única obra que en su existencia ha presentado Anadie, integrada también por la Secretaría General de Planificación Económica, el Programa Nacional para la Competitividad, el Cacif y la Cámara de la Construcción.

Anadie, que inició operaciones en el 2012, ha ejecutado Q35.2 millones de los presupuestados y gasta el 50% en personal y el 26% en estudios de prefactibilidad. Actualmente impulsa nueve proyectos cuyo monto total sería de US$1,745 millones, equivalentes a unos Q13 mil millones.

Están en fase de iniciar licitaciones, estructuración, factibilidad, priorizar proyectos y estudios conceptuales y prefactibilidad. Los proyectos incluyen un puerto en Tecún Umán, la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, gas natural, un tren de carga al Pacífico, un “metro riel” y un “libramiento de la Antigua Guatemala”. Los contratantes son los ministerios de Finanzas, Economía, Comunicaciones, Pronacom y la municipalidad antigüeña. El proyecto más avanzado es el CAE, que cuesta US$240 millones. El de Antigua Guatemala suma US$75 millones. En quetzales significan 1,800 y 562 millones, respectivamente.

El tema de las alianzas público privadas para inversión en que participa el Estado requiere cuidadoso análisis, para tener claros los beneficios para las partes; es decir, para que no sean desbalanceados y además beneficien al país de manera directa o indirecta. Al ser el Congreso el encargado de otorgar la autorización final, estos proyectos deben estar claros, ser públicamente conocidos y comentados, a fin de que los resultados no sean contraproducentes. La división de criterios en el Gabinete se debe a que el ministro Chea decidió cumplir con normas de su cartera y proteger lo cultural y lo histórico. Queda demostrado de nuevo que el presidente Morales cuando da declaraciones no tiene todos los elementos de análisis y de decisión en temas tan complejos.