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Ante este anuncio, varias bancadas han manifestado criterios divididos en relación a elegir las cortes antes o después del cambio de legislatura. Por un lado, hay quienes dicen que con esto se beneficiaría a bancadas como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que será mayoría con 52 diputados a partir del próximo 14 de enero, mientras que otros, aseguran que el retraso, además de violar la Constitución, se podría beneficiar ciertos procesos penales que conocerían magistrados en extensión de funciones.
Según el exmagistrado de la CSJ, Luis Fernández Molina, “la principal amenaza es que haya un rompimiento del orden constitucional, y de forma premeditada y planificada”.
“Acepto otros escenarios, como que no se eligió presidente de la Corte en tiempo, o similares, pero que, a sabiendas, con anticipación y premeditación se esté estableciendo un cronograma que es contrario a lo que establece la Constitución es preocupante y ya llegaría a la figura de delito, en el sentido de incumplimiento de lo que establece la Constitución”, dijo Fernández Molina.
El exmagistrado, pese a que reconoció que hay poco tiempo para enviar el listado al Congreso y que incluso los plazos son poco lógicos, resaltó que “es lo que dice la constitución”.
“Si aceptamos esto como antecedente, entonces, digamos que la Corte de Constitucionalidad (CC) avale que el 14 de enero no tome posesión el presidente —electo—y que se corra. Estamos hablando de uno de los tres poderes del Estado, el poder judicial, no lo veamos de menos, es preocupante”, apuntó Fernández Molina.
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El exmagistrado también ve un riesgo en que los magistrados actuales, quienes no podrían abandonar su puesto el 13 de octubre si no hay sustitutos electos, conozcan fuera de su periodo constitucional solicitudes de antejuicio y amparos.
“El solo hecho que se muevan las fechas deslegitima aún más a todo el sistema de Justicia y confirma la percepción de la población de que todo está politizado y contaminado en el contexto de que el nuevo Congreso sea el que elija” apuntó el abogado.
Acotó que todo esto “genera desconfianza, disgusto y desazón en la población, porque podrían decir que para qué tanta insistencia en que se respeten los temas jurídicos, si a la hora de la hora las entidades que lo deberían practicar no lo hacen”.
Carlos Molina Mencos, abogado constitucionalista, manifestó que retrasar la elección de magistrados es un problema muy grande y se vuelve a caer, otra vez, en esa práctica. “La ley se está interpretando, en vez de aplicarla”, sentenció.
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“Si no le enseñamos a las personas que la ley es la ley, vamos a mantener un caos en el país. A mi juicio, la Comisión de Postulación no tiene la facultad de variar los términos legales, está prorrogando la elección de personas que fueron electas para un determinado periodo”, explicó Molina Mencos.
Agregó que si el periodo se extiende “sería un nombramiento que ya viene cojo”. “Estamos muy polarizados y estamos empezando a acostumbrarnos de que me brinco las trancas cuando quiera, y el temor principal es que el día de mañana cualquiera venga y diga este nombramiento es ilegal por esta razón”, advirtió Molina Mencos.
El abogado consideró que esto pasa porque la ética “ya no se usa” y todo este contexto lo que hace es “poner en bandeja” para que abogados impugnen el proceso y no se debería correr el riesgo en este proceso.
“Los magistrados fueron electos hasta el 13 de octubre. Si la comisión considera que el plazo es muy corto, no debieron —los postuladores— aceptar, o trabajar las 24 horas”, aseguró el exconstituyente.
Criterios dividen a diputados
Javier Hernández Franco, jefe de la bandada Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), afirmó que todos se deberían regir a lo que dice la Constitución.
“El cambio de magistrados de CSJ y salas debería ser el 13 de octubre, nosotros deberíamos tener esta nómina al menos un mes antes para empezar los cabildeos y poder elegir a los magistrados, no entiendo y no es constitucional lo que los postuladores quieren hacer”, afirmó Hernández Franco.
Se le consultó al legislador sobre la posibilidad de que esta situación llegará a ocurrir y si se podría beneficiar a los diputados de la próxima legislatura: “No sé, no creo que la elección se haga por beneficio personal, lo que considero es que no cumpliríamos con la ley de Guatemala”.
Óscar Argueta, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), lamentó los atrasos y reconoció que es un proceso importante al que deben ponerle atención.
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“Los postuladores están llamados a hacer un trabajo objetivo y pensando en los intereses nacionales. La ley es la ley y el mandato de las cortes finaliza el 13 de octubre, y debiésemos notros tener la nómina en un tiempo ideal para tomar las decisiones”, afirmó Argueta.
Según Argueta, se podrían convocar a sesiones extraordinarias, en el caso que la nómina llegue después del 30 de noviembre, que termina el periodo de sesiones del Congreso.
La posibilidad de que el atraso en la elección beneficiaría a UNE, por ser la bancada mayoritaria a partir del próximo 14 de enero, es un escenario que no contempla el diputado Argueta. “Recuerde que uno de cada dos personas que vengan en el listado será electo, eso ya viene muy tamizado y en el Congreso solo se desarrolla la última etapa de un proceso largo”.
Para la diputada Nineth Montenegro, jefa de la bancada Encuentro por Guatemala (EG), la Comisión de Postulación tiene que hacer un trabajo complejo para elegir a los aspirantes, por lo que posiblemente les lleve mucho tiempo, aunque señaló que la nómina debería estar en octubre.
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“Esto se trastoca con una serie de tensiones en el Congreso. Al final si se entrega la nómina en noviembre veo muy difícil que se haga la elección, aunque hay un plazo constitucional”, apuntó la diputada.
Agregó que, aunque no es la primera vez que ocurriría que los magistrados de la CSJ no asuman en el momento que es, esto no exime que si se incumple de nuevo con los plazos se viole la Constitución.
“Hay quienes comentan que incluso sea mejor que el próximo congreso sea el que elija, pero hay que recordar quiénes vienen. No es que exista una renovación total, quizás se agudicen los conflictos, esperemos que este año se elija con objetividad. Todo indicaría que con la elección fuera de fecha se violará otra vez la constitución”, declaró Montenegro.
Luis Hernández Azmitia, miembro de la bancada Movimiento Reformador (MR), destacó que la Constitución es muy clara en que los magistrados deben asumir el 13 de octubre y no cumplir con ello es un pésimo precedente para el país.
Consideró que los miembros de la Comisión son profesionales que no deberían tener problemas
con entender lo que dice la Constitución y que a su criterio lo que se busca es que la próxima legislatura sea la que elija a los magistrados.
“Son tácticas dilatorias, perversas, que violan la Constitución para que se elijan magistrados afines a algunas personas. Nosotros hicimos todo lo posible para que se tuviera todo el tiempo para que ocupen estos puestos tan importantes en la CSJ y salas de Apelaciones”, apuntó Hernández Azmitia.
El parlamentario aseguró que los postuladores tienen el suficiente tiempo para entregar la nómina y que sea este Congreso como mandata la constitución el que elija a los magistrados.
Rudy Castañeda, jefe de la Unión del Cambio Nacional (UCN), consideró negativo el hecho que ni siquiera se haya comenzado a trabajar y ya se anuncie que habrá atrasos en el proceso de conformación de la nómina.
“Mucho de esto tiene que ver con no respetar la ley. En un periodo extraordinario puede haber sesiones, pero lo correcto es que se cumpla con la ley. Incluso para eso se convocó antes a la postuladora pero hubieron amparos que la retrasaron”, aseveró Castañeda.
Castañeda afirmó que debería haber una convicción de los comisionados para entregar la nómina en tiempo y si es necesario trabajar a diario para lograrlo. “Pudiera tratarse de una forma para que no sea este Congreso el que elija a la corte”, afirmó.
Carlos Chavarría, subjefe de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), también consideró que la Postuladora debería hacer el esfuerzo para entregar la nómina lo antes posible y destacó que si la entregan en noviembre “el Congreso tiene la obligación de reunirse las veces necesarias para elegir a los magistrados”.
“Quiero pensar en positivo y espero que se haga así, aunque molesta que el Congreso esté detenido por interpelaciones absurdas. El riesgo es que se incumpla con lo que dice la Constitución y aunque ya ha pasado antes no es para nada recomendable”, acotó Chavarría.
Enrique Álvarez, subjefe de Convergencia, afirmó que esta situación lo que evidencia es que “este es un proceso que debiera cambiarse de fondo” y que, aunque las postuladoras fueron creadas con buenas intenciones, todo “derivo en que se convirtiera en un proceso de corporativización que desnaturalizó la academia y que ha generado espacios de poder paralelos”.
“La elección de las cortes deberían ser por otros procedimientos para despolitizar la justicia, y como mínimo ampliar los plazos. Lamento que no se pueda cumplir con los plazos, pero confieso que será más saludable que sea otra legislatura la que elija a las cortes”, declaró Álvarez.
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