Ortega confirmó que las víctimas -halladas en fosas comunes el viernes y el sábado últimos- no tenían antecedentes penales ni estaban cometiendo delito alguno al momento de su arresto.
“Entrevistamos a 50 testigos, entre familiares y personas que estuvieron detenidas. Tenemos tres testigos protegidos (…) Solicitamos la privativa de libertad contra 12 funcionarios del Ejército. En este momento están privados de libertad 10 de ellos”, detalló.
Según la fiscal, los agricultores fueron capturados en la localidad de Barlovento (estado Miranda, norte) entre el 15 y 16 de octubre. No se refirió a los motivos de la masacre.
Los hechos revivieron las denuncias de violaciones de derechos humanos en acciones especiales contra la criminalidad, llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), puestas en marcha en julio del 2015 por el presidente Nicolás Maduro.
Inti Rodríguez, coordinador de la oenegé defensora de los derechos humanos Provea, aseguró el miércoles que desde que iniciaron las OLP han ocurrido 850 muertes a manos de militares.
Para el activista, en Venezuela “se ha impuesto una lógica belicista y de guerra para abordar el problema de la inseguridad”, lo que supone una instauración de la “pena de muerte”.
Es una “operación de exterminio”, afirmó por su parte el dirigente opositor Henrique Capriles, quien sostuvo -citando un “informe confidencial” de la Fiscalía- que sólo el año pasado las OLP dejaron 883 asesinados.
En su informe de gestión del 2015, la fiscal dio cuenta de 245 muertes en los primeros seis meses de las OLP.
El martes, el chavismo y la oposición -que controla el Parlamento- aprobaron un acuerdo legislativo inédito que condena la matanza en Barlovento.
Según la Fiscalía, Venezuela registró el año pasado 17 mil 778 homicidios, para una tasa de 58.1 por cada 100 mil habitantes (seis veces mayor al promedio mundial), pero la oenegé Observatorio Venezolano de Violencia estima que la media es de 90 por cada 100 mil.
La Fiscalía solo cuenta los casos que tipifica como asesinatos, mientras la oenegé incluye todas las víctimas por armas, incluidos los fallecidos en acciones policiales, que a priori se consideran resistencia a la autoridad.
