El temor al cambio, la búsqueda de conservar oscuros privilegios y una acendrada cultura de la corrupción evidencian a un Congreso reacio a la transformación, pero sobre todo a quienes tienen en sus manos el fortalecimiento de la institucionalidad y en cambio se muestran más interesados en proteger intereses, antes que encarar cualquier innovación en beneficio del país.

Una muestra de ello ocurrió el pasado jueves, cuando los diputados evitaron conocer las reformas al sector justicia, con la clara intención de atrasar la discusión y aprobación de esa propuesta, que podrían representar un cambio de relevancia para la independencia de jueces y magistrados.

Los planteamientos de esta reforma constituyen un verdadero cambio en el Organismo Judicial y pueden marcar una saludable separación del poder político; pero cuando se hace lo contrario y se elude la discusión a fondo, solo es posible visualizar a diputados preocupados por mantener maniatado al Poder Judicial y también eliminar potenciales amenazas.

Las propuestas que más han despertado posiciones contrarias son la relativa al Derecho Indígena y la renovación del Consejo de la Carrera Judicial. Ambos casos deben ser vistos como pretextos para oponerse a cambios de fondo en búsqueda de una profunda transformación del Organismo Judicial, punto de encuentro de muchos intereses sectoriales, pero en riesgo de sucumbir en una cultura de la venalidad dominada por el clientelismo.

Por ello es que los grupos enquistados en el Congreso han demorado hasta última hora esa discusión, porque hay una gran preocupación si se independiza la justicia de esos oscuros intereses. Quienes hoy presionan a congresistas solo buscan desbaratar cualquier posibilidad de cambio, para poder seguir con la designación de jueces a dedo, seleccionados mediante negociaciones entre traficantes de influencias.

Guatemala se encuentra a la puerta de dar un paso hacia una modernización del sistema de justicia que borraría el nefasto precedente de las comisiones de postulación y de quienes desde otros grupúsculos han negociado los nombres de quienes deben ser ungidos a las más altas magistraturas. Por ello la propuesta de reforma busca fortalecer la meritocracia, para evitar influencia foránea y se privilegie la llegada de profesionales idóneos que tengan en sus manos la importante la labor de juzgar sin mayores interferencias.

El mayor reto para esta propuesta es vencer el valladar de haber quedado en manos de uno de los congresos más corruptos de nuestra historia, y eso hace temer posturas opuestas de legisladores venales cuestionados que le puedan dar la espalda a una posibilidad de cambio en el más importante poder del Estado.

Es posible que en las pocas horas de sesiones ordinarias pendientes, los diputados se dediquen a hacer la pantomima de la discusión y se acobarden ante el reto de sacudirse décadas de oprobio y latrocinio. Si bien los congresistas podrían darle la espalda una vez más a quienes dicen representar, también cabe la posibilidad de que la justicia rompa con esas vergonzosas ataduras y actúe con independencia.