Velásquez advirtió sobre la actuación de “las redes económico-políticas ilícitas que han tenido por objeto expoliar los recursos del Estado a través del ejercicio ilegítimo, y muchas veces ilícito, del poder político”.
El funcionamiento de esas redes incluye la autorización de ese poder ilegítimo, refirió.
“En el sistema de la administración de justicia, con el propósito siempre presente de lograr la garantía de impunidad para acumular más riqueza ilícita y más poder”, explicó Velásquez, quien llegó al país en septiembre de 2013.
En una conferencia de prensa, después de la presentación del informe, el jefe de la Cicig insistió en que las investigaciones no solamente abarcan al anterior gobierno del Partido Patriota.
Hay avances en el afianzamiento de una corrupción que denominó “estructural”.
“Nos venimos consolidando con mayor sustento, mayores elementos, que la corrupción en Guatemala no es una corrupción coyuntural, es una corrupción estructural. No es del gobierno del Partido Patriota”, indicó.
Velásquez no dejó duda de que las investigaciones se extienden a mandatos anteriores. “Cuando presentamos en el informe, cuando hacemos referencia a la cooptación que se produjo a partir de las actuaciones del Partido Patriota, no queremos decir que esa es la única manifestación de cooptación del Estado”, manifestó.
“Lo presentamos para evidenciar cómo fue que se diseñó por una de las estructuras”, agregó.
“Hay también hechos del pasado reciente y del pasado un poco más lejano que tienen que ser objeto de investigación, que son motivo de verificación”, aseguró.
Sin ideología
“Entendemos cuál es la responsabilidad que hemos asumido en la lucha contra la corrupción y decimos, como en tantas ocasiones, que la corrupción no es de izquierda ni de derecha. No es de un color político o de otro color político. No es de los amigos ni de los enemigos”, manifestó.
La fiscal general, Thelma Aldana, refrendó las declaraciones de Velásquez y aseguró que las pesquisas no se detendrán.
Guatemaltecos eligen
Velásquez, en su discurso, durante la presentación de su informe, afirmó enfático que los guatemaltecos deben elegir entre dos opciones.
“Deben escoger entre profundizar el camino del cambio, de la reforma profunda de las estructuras nacionales hacia el fortalecimiento de la lucha contra la impunidad y la corrupción, respetando las manifestaciones ciudadanas”, indicó.
La otra opción, explicó, es recordar el levantamiento de la sociedad durante el 2015 y sus resultados como una “cápsula” y que el Estado “vuelva a caer en manos de redes que buscan su propio beneficio”.
Velásquez recordó las gestas cívicas del 2015 y a las que el informe de la Cicig hace referencia: “El movimiento ciudadano y otros sectores de la sociedad civil generaron acciones como las manifestaciones en el Parque Central, que alcanzaron su punto más alto el 27 de agosto del 2015, denominado Paro Nacional 27A”, resalta el documento.
De la misma forma, cuando tocó su turno, durante la presentación del informe, Aldana, en la misma línea de Velásquez, advirtió de que “los extremos de la impunidad se extienden en el tiempo y sus raíces son profundas”.
La Cicig, recordó Aldana, tiene tres objetivos: apoyar al Ministerio Público en la investigación de cuerpos ilegales, identificar a esas estructuras, incluidos sus vínculos con funcionarios de Estado y desarticularlas y adoptar políticas públicas para erradicar a esos cuerpos clandestinos.
Destaca sentencias
Durante la presentación fueron destacados los casos TCQ, Cooptación del Estado, la Cooperacha, Crédito Fiscal, Registro de la Propiedad, Plazas Fantasma y Bantrab.
“Las investigaciones demostraron que la Superintendencia de Administración Tributaria fue infiltrada por estructuras criminales que provocaron un impacto negativo. A partir de la evidencia de casos presentados, las autoridades nacionales asumieron la responsabilidad del fortalecimiento de la entidad”, consigna el informe entregado ayer.
El jefe de la Cicig ejemplificó como resultados de su gestión las sentencias en casos vinculados con el exdiputado Pedro Muadi —quien guarda prisión—, a cuyos asistentes se les impusieron penas de entre 11 y 17 años por plazas fantasma en el Congreso.
A la lista de logros agregó la condena contra el exdiputado Gudy Rivera y calificó el caso de “auténtico mercado judicial de favores”.
Resaltó la pena impuesta a Jisela Reinoso, quien dirigió un juzgado.
Entre las carencias del sistema de justicia, Velásquez enumeró la concentración de expedientes “de alta complejidad” en manos de los jueces y la “vergonzosa precariedad” en que se encuentra el Sistema Penitenciario.
En el banquillo
Por corrupción gubernamental están encarcelados exfuncionarios y funcionarios.
- La Línea: los exgobernantes Otto Pérez y Roxana Baldetti, Geovanni Marroquín Navas, Salvador Estuardo González, Juan Carlos Monzón, Carlos Muñoz, Omar Franco y otros.
- Bufete de la Impunidad: Francisco Javier Ortiz Arreaga y Marta Josefina Sierra de Stalling, entre otros.
- TCQ: Douglas Charchal, Jonathan Henry Chévez y Julio Rolando Sandoval, entre otros.
- Cooptación del Estado: Mauricio López Bonilla, Manuel López Ambrosio, Juan de Dios Rodríguez López, Adolfo Peña Pérez, Julio César Aldana, Mario Cano, Gustavo Martínez Luna, Gustavo Alejos Cámbara, Flavio Montenegro, Álvaro Mayorga Girón, entre otros.
- Bantrab: Sergio Aníbal Hernández Lemus, quien fungía como presidente del banco, Juan Miguel Arita España, Eduardo José Liu Yon, exdirectivo del Bantrab, y otros.
- Plazas Fantasma: exdiputados Carlos Humberto Herrera Quezada, Édgar Romeo Cristiani y Alfredo Augusto Rabbé Tejada, entre otros sindicados.
