EL SISTEMA JUDICIAL DEL PAÍS ha sido cuestionado mucho tiempo porque en demasiados casos impartir justicia es su último resultado. Genera investigaciones, retrata fríamente la calidad burocrática y evidencia la debilidad institucional ante la corruptela incorporada a la costumbre y calidad del servicio público, con el efecto de decepción y desconfianza de los ciudadanos. Es una realidad inocultable cuya trascendencia está en causar desencanto de los ciudadanos, quienes se enfrentan a un sistema permeable, asimétrico, impredecible, corrupto y sorprendente, porque lleva a sentencias absurdamente duras en casos de relativa poca monta, pero es blando y permisivo ante actos de corrupción cuyo castigo debería ser inmisericorde.

UNA SENTENCIA indignante fue emitida el 8 de noviembre por el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango: doce años de prisión a Benjamín Alarcón porque robó una alcancía de la parroquia de Cantel. El botín fue de Q312 y obligará al sentenciado a pagar una multa de Q6,310 por ser culpable del delito de Hechos Sacrílegos, lo cual no ha podido impedir el robo de patrimonio cultural de las iglesias guatemaltecas. Los contribuyentes, entonces, deberán pagar Q185,493 generados por el costo de Q52 diarios del sistema penitenciario guatemalteco por cada detenido. Son abrumadoras las posibilidades de convertir al culpable en un delincuente consumado debido a las condiciones existentes en cualquiera de las cárceles.

UN CONTRASTE BRUTAL e hiriente lo muestra la resolución favorable al exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, acusado de actos de corrupción por Q13 millones y quien podrá conmutar su sentencia con multa. Según una resolución de la Sala Segunda de Apelaciones, tales actos no tuvieron impacto financiero en las finanzas del mencionado municipio, y por eso quien fuera funcionario edil puede ahora continuar su vida si paga por obtener su libertad. Ni qué decir de los casos de alto impacto contra el expresidente Otto Pérez Molina y la expresidenta Roxana Baldetti, a quienes si se les aplicara la ley con la misma dureza causante del castigo a Benjamín Alarcón, deberían ser condenados a varias sentencias máximas y morirían en prisión.

ANTE LA SENTENCIA CONTRA Benjamín Alarcón, el colegio de Abogados y Notarios, los bufetes populares de las facultades de Derecho y los activistas de Derechos Humanos han hecho mutis. Este caso se debe apelar y pelear la sentencia porque aunque haya culpabilidad es una sentencia injustificable contra un ciudadano de pocos recursos y quien seguramente no contó con el auxilio de un defensor privado. Parece confirmarse el humor negro de quien compara al sistema legal guatemalteco con serpiente porque solo muerde a los descalzos… En cambio, el exalcalde Medrano evidencia a una justicia nacional doblegada ante los políticos y por ello es posible cualquier sentencia y nefasta, justo cuando el respeto a la ley es tan fundamental.

A CAUSA DE SER COMUNES casos como este, las facultades de Derecho tienen la oportunidad de corregir injusticias al designar a los estudiantes para analizar condenas similares. Resulta ser una obligación moral. Así mismo, los jueces y las salas de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia también están obligados a realizar análisis semejantes, como parte del trabajo de borrar la actual y justificada desconfianza y consiguiente rechazo de los ciudadanos. Las personas más necesitadas de retomarlo son quienes no tienen el dinero necesario para financiar una defensa adecuada. Las sentencias deben ser correctas, proporcionadas al delito, además de decididas en un tiempo explicable. En resumen: 12 años por robar Q312 es absurdo.