El informe denominado Luces y sombras en la lucha contra la discriminación racial, étnica y de género en Guatemala busca evidenciar el flagelo que afronta la población indígena, en particular las mujeres.
El estudio se basa en varios casos, como el de la antropóloga Irma Alicia Velásquez, a quien le prohibieron ingresar en un centro nocturno debido a su condición de indígena, en junio del 2002.
Velásquez denunció ese hecho en la Demi, que le dio acompañamiento jurídico.
Debido a que el Estado no tenía tipificada la discriminación como delito, el Ministerio Público lo definió como falta.
Promueven leyes
A partir de ese caso, el Congreso recibió la recomendación de promover leyes para perseguir y sancionar la discriminación, exclusión y racismo.
“A pesar de algunos avances en las políticas hacia los pueblos indígenas, como consecuencia de la firma de los acuerdos de paz, la exclusión y marginación de los pueblos indígenas prevalece”, se lee en el estudio.
La Demi informó que ha conocido 25 casos entre el 2008 y el 2010; y Codisra, 19 en el mismo período. De manera conjunta, esas instituciones han seguido tres procesos.
Agresiones
Las violaciones documentadas ocurrieron en 10 departamentos, y casi todos los denunciantes dijeron que habían sido objeto de agresiones verbales, según el estudio.
“El agresor refuerza su actitud con expresiones peyorativas, las cuales son utilizadas con la intención de despreciar, humillar, degradar, hacer distinción, menospreciar o expresar odio”, detalla el documento.
Alfredo Brunori, de Oacnudh, expresó: “La situación de discriminación que viven los pueblos indígenas en el país es el principal impedimento para la realización de sus derechos, tanto individuales como colectivos”.
