Los resultados de dos de las más recientes decisiones del alcalde Álvaro Arzú obligan a que sus colaboradores en la municipalidad capitalina hagan su mejor esfuerzo en realizar la difícil tarea, casi imposible, de convencerlo de que actuar totalitariamente no es adecuado, porque implica torpeza y tiene consecuencias potencialmente graves.

El paro del transporte pesado y la expulsión de los vendedores de la Sexta Avenida tienen en común la manera como el funcionario actuó. A causa de su dominio en el Concejo, donde —por temor a reacciones irreflexivas— no hay una sola voz con el suficiente aplomo para señalar que es la forma de actuar lo causante de las reacciones, y no necesariamente por parte de quienes reclaman cambios, porque todo se justifica con “la municipalidad soy yo”.

La manera miope de ver el panorama actual del país impide al funcionario darse cuenta de que los problemas de la capital son problemas del país, porque las consecuencias lo afectan en su totalidad. El paro del transporte causó daños económicos a todo nivel, desde contratos no cumplidos hasta jornales no devengados y transacciones comerciales no realizadas en pequeños negocios, como las tiendas. Los destrozos en la Sexta Avenida, además de lo puramente económico, afectaron al patrimonio cultural contemporáneo del país, en un área que la municipalidad ha intentado revalorizar con algún éxito desde hace ya algunos años. En este caso, el alcalde incitó a la violencia al retar a los quejosos a que llegaran, porque él los echaría a golpes.

La violencia física y oral en las reacciones del alcalde capitalino tienen larga data. Hace muchos años abofeteó a un líder sindical. En los últimos tiempos, su ego exacerbado causa una inquina igualmente irracional contra la prensa con la que no tiene contubernios, como sí existen con los canales del mexicano Ángel González, cuyos noticieros transmiten poco o nada de hechos que afecten a la municipalidad.

La tozudez impide descubrir planes ocultos con el objetivo de aumentar la desestabilización del país, de cuya existencia se habla cada vez con más frecuencia. Quienes estén detrás de esto aprovechan cualquier oportunidad para incitar a la violencia, y más si el propio alcalde lo hace. Como ejemplo, algunos choferes que no apoyaron el paro fueron agredidos por gente armada. El ataque a estaciones del Transmetro puede caer en esta misma categoría.

A todo esto debe agregarse la forma oscura en que desde hace años se manejan los fondos municipales a través de fideicomisos creados con el fin de evitar la fiscalización. Por eso no causaría extrañeza que la municipalidad capitalina sea una de las entidades investigadas por el Ministerio Público y por la Cicig, pero ello es materia de análisis futuro.

El empecinamiento de Arzú complica los problemas nacionales, y ello causa más dificultades al Gobierno central, cuya debilidad en todos los campos se une a los elementos necesarios para una nueva crisis que acerque al país a la ingobernabilidad. Los problemas son invisibles solo para quien no desee verlos, y los tres años de gobierno edil faltantes son mucho tiempo. El país, en la cuerda floja, atestigua con temor el ocaso de un político cuya época ya pasó.