Alejandro Giammattei, nuestro presidente electo, en cámaras de CNN señaló, tanto con Fernando del Rincón como con Carmen Aristegui, que el tema de la Cicig está cerrado, que fue decisión del gobierno de Jimmy Morales no prorrogarla y que se deben atacar las causas de la corrupción, porque estas no fueron combatidas. Los guatemaltecos, con toda razón, nos cuenta nuestro nuevo presidente electo, solo atacamos los efectos.

Lo dicho por Alejandro Giammattei es cierto, porque la justicia penal persigue delitos, es decir los efectos de un sistema que no previene; la justicia penal no ve causas.

Muchos hemos dicho que la corrupción no se combate solo desde el ámbito penal, y además es un grave error centrar la mayoría de esfuerzos en dicha área. Hay corrupción, acá y en cualquier parte del planeta, si el funcionario tiene grandes e impunes márgenes de discrecionalidad.

Alejandro Giammattei promete la creación de una comisión nacional contra la corrupción, para poder entrarle a las causas, pero la corrupción es la especie, porque la impunidad es el género; es decir, quedamos cortos si solo queremos ver corrupción y no impunidad en términos globales. Acá tenemos impunidad en todos los órdenes. Esto es lo que debemos atacar.

El tema no se resuelve solo con leyes y tampoco solo desde la óptica institucional. La pregunta del millón es si este nuevo equipo estará dispuesto a entrarle a la captura del Estado y estamos obligados a darle el beneficio de la duda al nuevo gobierno. La corrupción es una palanca utilizada para garantizar impunidad, pero no es la única. Basta ver las reacciones de grupos poderosos frente a sentencias de justicia transicional para entender el tema.

Si tocamos el tema de causas, debemos procurar estar claros en que es mentira hablar de reforma judicial con el marco actual de las comisiones de postulación, donde ciertas universidades aprovechan el marco discrecional para hacer lo que se les da la gana y así obtener poder por medio de sillas en dichos órganos. En un sistema poroso hasta el tuétano, es falso pensar que habrá investigación imparcial de los gastos hacendarios cuando la Contraloría de Cuentas es fuente de discrecionalidad inagotable, es iluso sostener que el Ministerio Público hará su trabajo cuando la propia fiscal se oculta de la prensa o decide acciones como las que llevó a cabo contra el alcalde de la capital, dos días antes de las elecciones, o contra Sandra Torres, un día luego de estar inscrita, o bien hacer correr a un fiscal para impedir la candidatura de Thelma Aldana. No hay horizonte si la PGN sigue siendo un abogado asesor del presidente y de sus resacas y no quien proteja los intereses del Estado, menos aún cuando su omisión hace que los bienes del Estado se privaticen por medio de fraudes de ley como sucede con Puerto Barrios o la línea férrea, o bien se mantenga un monopolio en televisión descarado y sin ningún pudor, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.

Imposible seguir defendiendo la creación de la Corte de Constitucionalidad con los vergonzosos procesos eleccionarios en el Colegio de Abogados y procesos electivos en el Consejo Superior Universitario, donde todos sus miembros son electos en procesos opacos y sin límite de plata para gasto.

Guatemala vive momentos difíciles y el nuevo gobierno debe ser claro desde el inicio, porque si bien una comisión nacional podría hacer algo, esa comisión necesitaría todo el apoyo político, y ese apoyo político debe venir de la mayoría de actores, y no solo de un sector, porque si hay resultados diversos sectores serán los que poco a poco “zafarán la alfombra”.