Escribo estas líneas sin conocer los resultados de la segunda vuelta, pero sabiendo a ciencia cierta que una buena parte de la población se quedó con mal sabor en la boca, culpa de estas elecciones. Los errores procedimentales y las fallas comunicativas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) generaron desilusión y ansiedad. Recién anunció el TSE que reconfigurará drásticamente el escenario político, ya que podría cancelar a 15 partidos políticos, entre ellos agrupaciones de aparente arraigo popular. Nos inquietó la captura del exdirector y exsubdirector de Informática del TSE, a escasos cuatro días de la segunda vuelta. Si se constata que se alteraron actas y se digitaron datos falsos, ¿qué implicaciones tendrá para los resultados electorales? Restan fortaleza a la clase política misma los rumores de conspiración o trampa, que siembran la duda sobre si cada voto ciudadano fue contado tal y como fue emitido. La desconfianza en las autoridades electorales es una sensación nueva y desconcertante para los guatemaltecos. Se suma a la tensión que comportan los menos novedosos bloqueos, manifestaciones y disturbios que empañan los procesos en algunas localidades.

En medio de toda esta incertidumbre, y quizás a causa de la misma, los futuros gobernantes, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, podrían decidirse a convertir a Guatemala en una ejemplar sociedad de personas libres. Es la mejor forma de cumplir con cualquier promesa de campaña, porque todos clamamos en primer lugar por seguridad y prosperidad.

Las autoridades están obligadas a proteger la vida de los habitantes de Guatemala desde la concepción hasta la muerte natural. El artículo 3 de la Constitución Política constituye un mandato claro. Las maras, los narcotraficantes y otras bandas criminales que operan en el Triángulo Norte amenazan nuestras vidas. Las encuestas de opinión confirman que la inseguridad nos agobia. Existen propuestas para disminuir los índices de la violencia en el país, que van desde políticas coordinadas con los gobiernos vecinos hasta estrategias para retomar el control de las zonas rojas y desarrollar programas de prevención entre jóvenes susceptibles de convertirse en delincuentes. Convivir unos con otros en un clima de paz es condición imperativa para alcanzar mayores niveles de prosperidad.

Los gobernantes también pueden asegurar nuestra libertad de mejor forma. Guatemala es catalogada como un país moderadamente libre por el Índice de libertad económica de la Fundación Heritage: recibimos una nota de 62.6, y nos ubicamos en la casilla 77 de 180 países. Podemos avanzar en la libertad para invertir, emprender y comerciar. Se puede flexibilizar aún más la legislación laboral y eliminar la tramitología y las regulaciones que encarecen los emprendimientos. Se debe hacer hincapié, además, en la libertad de expresión y de conciencia.

El respeto a la propiedad privada es esencial para el crecimiento económico. Los derechos a la propiedad deben ser claramente definidos, esgrimibles ante terceros y en los tribunales, y susceptibles de ser transferidos. Convertir a todos los guatemaltecos en propietarios debería ser la meta; registrar los derechos de propiedad y posesión implica resolver las disputas particulares de forma eficaz. Frenar en seco las invasiones es vital. Además, es necesario combatir la corrupción y la ineficiencia en aduanas y en el cobro de impuestos.

Enfocarse en restaurar las garantías a la vida, la libertad y la propiedad privada de los guatemaltecos es un plan de acción lo suficientemente ambicioso y sustancioso. Es la única forma de restablecer la centralidad y la dignidad de la persona en la sociedad.