Este es el último grupo de refugiados, 20 años después de la firma de los acuerdos de paz, y son originarios de Yalambojoch, Yushquén, El Aguacate y Yalcastán, Nentón.
Sebastián Tórrez Tórrez, presidente de la Asociación Yalcastán para el Desarrollo Guatemalteco (Aydeg), informó que desde el 2013 iniciaron el proceso para regresar, pero sus tierras fueron ocupadas, por lo que el Gobierno formó una mesa técnica para negociar la compra de una finca.
La mesa técnica la integran entidades como el Fondo de Tierras, la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia, la Comisión de Diálogo de la Presidencia y representantes de los refugiados.
“Al principio se hizo una reunión en la frontera, en la que el Ministerio de Finanzas nos presentó la propuesta de comprar una finca en Alta Verapaz, pero a la fecha no hay más información”, lamentó Tórrez.
El líder de los refugiados agregó que en el acuerdo se estableció que en octubre se realizaría la compra y entre febrero y marzo del próximo año retornarían las 91 familias, al menos 540 personas.
Advirtió de que si el Gobierno no da una respuesta, será responsable de un enfrentamiento con familias que el Fondo de Tierras instaló en sus terrenos.
“Las personas ya no soportan las condiciones en las cuales viven. Nosotros conocemos nuestros derechos y las leyes nos amparan. Vamos a llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que nos ayude a recuperar las tierras”, resaltó.
“Tenemos la esperanza de regresar a Guatemala. Estamos cansados de tantos años de espera y de engaños”, añadió Tórrez.
Promete resolver
Ramón Aguilar, presidente de la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR), encargada de desembolsar los Q19 millones para la compra de la finca, dijo que esta no se concretó debido a la falta de presupuesto, pero prometió atender la demanda en el 2017.
“Creo que se va resolver hasta el próximo año. El gobierno de Jimmy Morales no puede solucionar algo de un plumazo. Las autoridades anteriores no pudieron arreglar nada”, señaló.
Jéssica Ramírez, defensora de la Población Desarraigada y Migrante de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), expuso en una entrevista que el Estado debe cumplir el compromiso asumido de comprar las tierras y garantizar la repatriación de los refugiados. “El Gobierno debe evitar un conflicto entre las comunidades”, expresó.
El Programa Nacional de Resarcimiento solo tiene Q25 millones de presupuesto este año, y según el borrador para la asignación del 2017, recibiría Q50 millones.
