El transfuguismo se convirtió en una de las prácticas políticas más criticadas por la ciudadanía y, a pesar del repudio general, se volvió una maniobra reiterada, casi con total desfachatez, por parte de diputados que llegaban al hemiciclo electos por un partido y, por lo tanto, con una representación popular delegada, pero que una vez en la curul se creían dueños absolutos del puesto y lo convertían en moneda de cambio a conveniencia.

Las reformas a la Ley Electoral en el 2016 dejaron numerosos desengaños, debido al carácter antojadizo, ambiguo e incluso casuístico de varios de los cambios propuestos. La Corte de Constitucionalidad dejó fuera modificaciones clave, como la posibilidad de elegir por nombre y no por listados, con lo cual los partidos se quedaron con uno de sus bastiones de negociación.

Durante la actual legislatura, fue notorio el éxodo de congresistas electos por los defenestrados y extintos partidos Patriota y Líder hacia otras bancadas, sobre todo hacia la del oficialista FCN-Nación, que amplió así su peso político, pero a un costo altísimo: perdió crédito ante la ciudadanía, que los venía como una opción distinta, y acarreó desgaste incluso hacia el mandatario Jimmy Morales, quien en campaña y en sus primeros días en la Presidencia aseveró que no aceptaría tránsfugas en su bancada.

Durante la etapa de inscripción de candidatos a diputados para la campaña electoral que está por fenecer hubo numerosos reclamos por la admisión de congresistas con larga data de cambios de símbolo partidario. Estos efectuaron, de forma legalista, su última metamorfosis en el tiempo legal estipulado por la reforma, mientras que aquellos que se aliaron con algún grupo en las proximidades del proceso electoral quedaron fuera y en varios de los casos el criterio fue más bien dudoso. Tendría que ser el propio voto ciudadano el que diera el no definitivo a algunos de estos camaleones de la política, al no ser reelectos.

El fallo de la Corte de Constitucionalidad, que data desde mayo, pero anunciado ayer, le coloca la lápida al transfuguismo, lo cual obligará a una mayor seriedad y coherencia de los congresistas, quienes no podrán cambiarse de partido o crear bancadas nuevas sin sufrir las consecuencia de no poder ostentar ningún cargo directivo ni presidencias de comisiones.

Es posible que diputados del actual Congreso o del siguiente intenten revertir este cambio. Pero no debería ser visto como una limitación, sino como una oportunidad para fortalecer la formación y la ética partidarias, una posibilidad de mejorar el diálogo político y encontrar puntos de confluencia para impulsar el desarrollo del país.

Se trata de un cambio sin precedentes en la vida parlamentaria del país, que golpeará sobre todo a los caudillismos basados en manejos clientelares y a las negociaciones bajo la mesa que han pululado por décadas. No se podría concebir la longevidad parlamentaria de numerosos diputados de no haber existido durante tanto tiempo la puerta libre a los tránsfugas.

La propia ciudadanía terminó de dejar fuera a varios representantes que nunca aportaron una sola iniciativa visionaria, pero que sí se convirtieron en expertos consumados en el cambio de color, símbolo y discurso, sin ningún respeto por aquellos a quienes supuestamente tenían la obligación de representar. Adiós al transfuguismo.