Guatemala

Se entregan prófugos en caso Cooptación del Estado

El representante legal de Televisiete, S. A. luego de permanecer más de 100 días prófugo, se entregó al Juzgado de Mayor Riesgo B, que lo reclamaba en el caso Cooptación del Estado; junto a él tres personas más se presentaron en Tribunales.

Eduardo Kestler en el Juzgado de Mayor Riesgo B, donde se entregó voluntariamente este miércoles. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)

Eduardo Kestler en el Juzgado de Mayor Riesgo B, donde se entregó voluntariamente este miércoles. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)

Eduardo Kestler llegó la mañana de este miércoles al Juzgado de Mayor Riesgo B, para hacer frente a los cargos de financiamiento ilícito que le señala una investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Kestler era el representante legal de Televisiete, televisora que habría financiado de manera ilícita la campaña electoral del Partido Patriota, recibiendo a cambio un beneficio económico a través de la pauta oficial durante los años del gobierno de Otto Pérez Molina.

Junto a Kestler también se entregaron a la justicia los prófugos Diego Castillo y Carlos Gabriel Guerra, implicados en el mismo caso. También se presentó Vivian Urízar, quién habría prestado su nombre a Roxana Baldetti para adquirir un hotel en Antigua Guatemala, Sacatepéquez; ella se había entregado el pasado viernes, sin embargo durante un receso abandonó la sala y desde entonces se había declarado en rebeldía.

Financiamiento electoral

De acuerdo a la investigación de la Cicig, Televisiete S. A. y Radiotelevisión Guatemala, S. A. habrían financiado la campaña del Partido Patriota desde 2008.

Los fondos habrían llegado a través de cuatro empresas de cartón creadas por Roxana Baldetti: Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer.

Cada mes durante la campaña del PP se registraron pagos mensuales de Q215 mil 600 por Televisiete y Radiotelevisión.

El dinero no se reportó al Tribunal Supremo Electoral y se habría utilizado, según la investigación del MP y la Cicig, para la compra de vehículos que se utilizaron durante la campaña presidencial.

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