Las empresas Tigo, Claro Guatemala y Telefónica inhabilitaron temporalmente 2.1 millones de líneas.
Las operadoras reconocieron en una reunión con diputados de Encuentro por Guatemala que siguen activando los números suspendidos, después de la fecha establecida para actualizar los datos.
Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, hasta ahora han sido suspendidas en forma temporal dos millones 184 mil 845 líneas.
De ese total, 448 mil 917 corresponden a la empresa Claro, 291 mil 261 a Telefónica y un millón 444 mil 67 a Tigo.
Los usuarios que sí se registraron en el plazo correspondiente fueron 17 millones 198 mil 163 líneas, tanto prepago como pospago, según informaron las tres operadoras.
En la empresa Tigo se registraron ocho millones 772 mil 239; de Claro fueron cuatro millones 800 mil y de Telefónica, tres millones 625 mil 924.
Nineth Montenegro, jefa del bloque de Encuentro por Guatemala (EG), manifestó: “Ese no era el espíritu de la Ley, sino la suspensión tenía que ser definitiva. Las operadoras están malinterpretando la norma”. Ante ello, la legisladora no descartó acciones legales contra las operadoras.
“La Ley dice que se debe suspender; nunca se habló de cancelar”, afirmó durante la reunión Juan Francisco Evertsz, de la empresa Telefónica.
Harold Cancinos, gerente de Regulación de Telefonía de la SIT, aseguró que el incumplimiento de las operadoras se puede identificar en dos vías: “No quieren perder el negocio o quieren garantizar comunicación para los usuarios finales”.
Raúl Alas, gerente de Comunicación de Telefónica, explicó que esta empresa suspendió más de 291 mil líneas móviles prepago y pospago, lo cual significa para ellos el 7 por ciento del total de números activos.
“La Ley no habla de cancelación, habla de suspensión, por lo que consideramos que el dueño de la línea tiene derecho a recuperarla. Si no fuera así, la SIT debe establecer una resolución con requerimientos diferentes”, manifestó Alas.
En ese sentido, Raúl Solares, jefe de la SIT, indicó que esta no posee la facultad para fijar otro plazo que el ya establecido.
Solares agregó que cada usuario era responsable de registrarse y las compañías, de efectuar el registro en tiempo.
El jefe de la SIT informó que evaluarán jurídicamente lo que la normativa permite.
Sin multar a comercios
Según Montenegro, además del registro, la SIT ha incumplido con imponer multas a los comercios que no estén registrados, pese a que se establece un rango de Q25 mil a Q100 mil.
La dependencia ha identificado que cerca de 78 comercios no se han registrado como distribuidores. No obstante, organizaciones civiles como el Movimiento Pro Justicia aseguraron que son más y recordaron que las autoridades no tuvieron la capacidad de ubicar varios negocios en Chimaltenango que no estaban registrados.
“La SIT, por cuenta propia, decidió dar una prórroga para el registro de empresas”, lamentó Montenegro.
Según el gerente de Regulación de Telefonía de la SIT, se está creando una Unidad de Verificación que constatará el cumplimiento de la Ley, la cual deberá establecer el número de empresas y personas individuales no registradas aún como comercializadores del servicio de telefonía.
Montenegro explicó que darán un plazo de 15 días a la SIT para que investigue, o plantearán acciones legales, por incumplimiento de la Ley.
Según la SIT, hasta ahora han sido registrados 12 mil 66 distribuidores de equipos de terminales móviles y tarjetas SIM.
Otro cuestionamiento de los diputados fue como se asegurará que los teléfonos no sean utilizados por extorsionistas, que era uno de los motivos que dieron origen a la ley.
Señal en presidios
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, lamentó el incumplimiento de la Ley, ya que “el objetivo era acabar con las extorsiones, los robos y, ahora, secuestros”.
Según la activista, entre quienes menos han respetado la norma figura el Sistema Penitenciario, con el apoyo de la SIT, debido a que no se ha buscado eliminar la señal dentro de las cárceles.
“Vemos que las telefonías también han sido indiferentes respecto a informar a sus clientes acerca del impacto que les causaría el no registrarse, y ahora utilizan la laguna que tiene la Ley”, dijo.
Incluir más elementos
Wálter Menchú, consultor del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), expuso que la vigencia de la Ley solo será una herramienta para combatir el flagelo de las extorsiones, pero se necesita de otras medidas.
“Se han creado muchas expectativas por la vigencia de la normativa, pero creo que hay otros elementos que deben incluirse para hacerle frente a los chantajes”, afirmó el consultor.
El profesional agregó que tales elementos deben ser consensuados y analizados por todos los sectores involucrados.
Mafias eluden
Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, afirmó que el crimen organizado tuvo suficiente tiempo para implementar otras medidas para seguir con las extorsiones.
“El 90 por ciento de las llamadas por extorsiones vienen de los centros carcelarios y es allí donde se debe retomar el control”, afirmó.
Acuña resaltó que para poder controlar las extorsiones se debe trabajar en una política integral que incluya controles en la telefonía, inteligencia criminal y recuperación de los presidios.
| Año | Celulares (en millones) | Teléfonos fijos (en millones) |
| 2010 | 18 | 1.4 |
| 2011 | 19.4 | 1.6 |
| 2012 | 20.7 | 1.7 |
| 2013 | 21.7 | 1.8 |
| 2014 | 16.9 | 1.7 |
| 2015 | 18.7 | 1.7 |
Celulares: 18 millones 121 mil 390; 925 mil 338 de plan y 17 millones 196 mil 54 de recarga
Teléfonos fijos: 1 millón 718 mil 851
Teléfonos públicos: 58 mil 792
