De los cuatro, solo Urízar llegó. El juez Miguel Ángel Gálvez informó que había sido llamado por la Corte Suprema de Justicia a una reunión y pidió a Urízar, fiscales, querellantes y defensores que esperaran una hora. Cuando Gálvez regresó e intentó comenzar la diligencia, verificó que ninguno de los sospechosos contestó.
La defensa de Urízar indicó que desconocía el lugar donde estaba la sospechosa, pero afirmó que sí había llegado. Los representantes de Guerra afirmaron que se encontraba cerca, pero sin explicar dónde.
El juez reprochó a los defensores por no insistir a sus clientes en la necesidad de presentarse a la audiencia y molesto dijo que ya tenían orden de captura, y por lo tanto permanecerían en esa condición. El fiscal Julio Barrios Prado pidió declarar en rebeldía a los sospechosos.
El caso
La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala buscan determinar las operaciones de una estructura criminal que se habría apropiado de entidades públicas durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Baldetti, ambos procesados, que habría financiado de manera ilegal al PP con el fin de que ganara las elecciones y beneficiarse con contratos.
