El 31 de marzo de 2012, tres jóvenes de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) murieron en circunstancias aún no esclarecidas. Sucedió durante una actividad académica que se realizaba en territorio de la Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN), en el municipio de El Estor, Izabal. Desde entonces, sus madres y padres buscan justicia en medio de una serie de vergonzosas irregularidades y manipulaciones “legales” cometidas por algunos funcionarios de justicia encargados del caso, así como por los representantes de la UVG y la CGN.

Siempre se pregunta una si la justicia tardía es justicia o solo medio-justicia o qué es. En este caso, hay personas cuyos testimonios serían claves, pero que ya no están en la órbita del mismo, por diversas razones. Por ejemplo, el buzo que sacó del agua los cuerpos de los dos jóvenes y la jovencita ya murió, e igual hay empleados de la CGN que estuvieron cerca del caso en aquel momento y que nadie sabe dónde están o qué sucedió con ellos. Por ello, las tácticas dilatorias como los amparos o la suspensión de audiencias, entre otras, deberían no solo borrarse de nuestras leyes, sino considerarse métodos de tortura. Cuatro años y medio han pasado y eso hace que muchas evidencias dejen de ser evidencias y pasen a ser relatos de ficción. ¿Qué sienten las familias cuando el tiempo pasa y la justicia no llega? ¿Qué le pasa a una sociedad sin justicia, aunque tenga manojos de leyes para escoger?

La intención obvia de quienes así han actuado parece ser la de borrar el caso de nuestra memoria colectiva para no hacer olas, con el fin de no afectar la “reputación” de la casa de estudios y la empresa. Vaya si no le han hecho honor a su “reputación”. Pero ese maridaje no podría llevarse a cabo sin un juez que lo bendijera. Un juez que ha sido recusado varias veces por el Ministerio Público (MP) porque no ha actuado apegado a la ética, e incluso a la ley. Lo recusó el MP por primera vez cuando trató de dar por terminado el caso y le pidió al MP presentar su acto conclusivo, habiendo aún amparos pendientes por resolver; cuando se dio cuenta de la ilegalidad cometida, se arrepintió y puso retroceso. Fue recusado por segunda vez cuando suspendió una audiencia dos horas antes de que la solicitud de la minera hubiese llegado oficialmente a sus manos. Y antes, él mismo se había contradicho al detener exhumaciones que él mismo había autorizado. Me refiero al juez de Puerto Barrios, Aníbal Artiaga, quien parece haber actuado maliciosamente para impedir que la justicia pronta llegue a este caso. Recusado, por cierto, quiere decir no-deseado. A lo mejor convendría pasar este caso de Puerto Barrios a Zacapa.

¿Qué aprende la juventud universitaria cuando no ve claro cómo se relacionan sus máximas autoridades con la justicia? A ver qué sucede ahora que la UVG ya fue ligada a proceso. ¿Cuánto silencio es posible comprar y sostener cuando hay padres y madres que nunca olvidarán? ¿Cuándo dejaremos de bendecir los matrimonios entre las instancias corruptoras y las de justicia? Es tiempo de que en toda Guatemala haya personas justas: en la casa, en los espacios laborales, en las escuelas, en los hospitales, en las calles, en las iglesias y, por supuesto, en las universidades y las cortes. Gente que no se apegue a una ley solo para manipularla a su antojo, sino que sea esencialmente justa.

Nuevos liderazgos éticos están haciendo surcos en nuestras conciencias y nuestro sistema de justicia. Esos serán los surcos que mañana cosecharemos. Lentamente, personajes como el juez Miguel Ángel Gálvez o la jueza Yassmin Barrios nos han venido enseñando en los últimos años que ser juzgador no significa ser parte de una aristocracia judicial mafiosa o de una arquitectura jurídica corrupta, sino una persona con capacidad, principios, sabiduría, sencillez, decencia y, sobre todo, independencia. Esa es la nueva ética, no la de los listos, sino la de los justos.