La comunidad internacional, encabezada por la ONU y todas las democracias occidentales, se encuentra ahora en un esfuerzo concentrado para rescatar la posibilidad de que el rechazo popular al acuerdo de paz firmado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y la dirigencia guerrillera no se convierta en un lamentable y totalmente antihistórico regreso a la lucha armada. Para lograrlo hay necesidad de aceptar algunas realidades, y hacerlo a la mayor brevedad posible.

El análisis debe centrarse en buscar las razones lógicas y sobre todo culturales y sociales del sorpresivo resultado del domingo. Una vez llegado a un acuerdo tácito, al menos, se debe tener claro cuáles son los cambios necesarios, sobre todo en referencia a la inserción de los guerrilleros y de su dirigencia a la vida civil, así como a la información que debe ser puesta a disposición de todos, acerca de temas como la situación financiera de las Farc. No menos importante es cuál es el mecanismo legal para lograrlo sin violentar la Constitución, que en toda democracia es el acuerdo fundamental de la sociedad.

En apariencia, menos importante es el lugar de las negociaciones, que debe ser otra ciudad dentro del subcontinente latinoamericano o incluso la misma Colombia. La lógica de este razonamiento es la misma del que estas deben ser conducidas por un interlocutor gubernativo distinto al que trabajó en el documento rechazado popularmente.

Desde la perspectiva latinoamericana, es lamentable que en este momento haya intentos de convertir a esta negociación en el terreno para el nuevo entrenamiento de posibles candidatos a las próximas elecciones presidenciales. La paz de Colombia se encuentra muy cerca, pese a todo, y por ello el papel positivo de la comunidad internacional es el de constituirse en un facilitador, pero con una perspectiva de presión firme aunque respetuosa para que las partes mantengan aquellos acuerdos a los que no hay motivo para criticar, y hagan los esfuerzos necesarios para eliminar las causas del ya conocido rechazo de los ciudadanos.

Es imposible el intento siquiera de soslayar temas como la relación de la tragedia sangrienta del narcotráfico y la inserción de las fuerzas guerrilleras en condiciones distintas, en las que las cuotas garantizadas de curules no formen parte. Todo esto requiere de serenidad, realismo y, sobre todo, madurez política.

La historia colombiana está ahora dividida en lo ocurrido antes de hace 52 años, la etapa de la acción guerrillera y ahora el nebuloso futuro. Por ello están fuera de lugar las posiciones tanto triunfalistas como dirigidas a un posible retroceso en lo ganado. Porque es positiva la decisión de silenciar las armas.

El tiempo es factor importante. Se deben tomar pronto las decisiones, pero sin apresuramientos carentes de análisis. Al analizar lo ocurrido desde otra óptica, es posible pensar que el resultado del domingo es el mejor apoyo a una negociación carente de base. Se puede aún mantener el paso adelante, pero ello es imposible si se fracasa en eliminar posiciones inflexibles. En ese sentido, una gran responsabilidad la tiene también el expresidente Álvaro Uribe, cabeza visible del No.