La carretera al Atlántico constituye la yugular del país: comunica a los océanos que bañan las costas nacionales y juega un papel determinante en la economía, al unir a la capital con las rutas hacia las Verapaces, Zacapa y Chiquimula, así como Petén, y parte del comercio de Honduras y El Salvador.

Su interrupción parcial o total constituiría una pesadilla, y por ello una de las pruebas de la incapacidad e irresponsabilidad de los gobiernos la constituye la tan escasa atención a mantenerla en perfectas condiciones y con características dictadas por la urgencia del progreso del país.

Desde hace algunos años se ha hablado de la necesidad de reparar y sustituir puentes de gran tamaño, como el Belice, el de Agua Caliente y del Motagua, pero un hecho ocurrido esta semana demostró que basta un percance, ni siquiera la destrucción de uno de muy pequeña magnitud, para que la economía del país se resienta. El puente de Mayuelas, en Zacapa, de pocos metros de largo, que representa un porcentaje mínimo del total de la ruta, quedó afectado por dos accidentes causados por camiones sobrecargados, uno con aceite de palma y otro con cemento.

El paso es posible, pero a costa de incrementar el tiempo del viaje entre el Atlántico y la capital. Al haber ocurrido en el kilómetro 164 no afectó la totalidad del tránsito vehicular, pero sí el que se dirige a Petén y al Atlántico, y no es posible calcular el tiempo que tardará la reparación, como consecuencia de la parsimonia de las autoridades actuales.

Es momento de darle al tema de los puentes la seriedad necesaria, porque el efecto de quedar fuera de servicio se potencializa conforme se encuentren más cerca de la capital.

El caso del puente Belice es el más notorio. Urge su reparación y esta no se puede iniciar a causa de un juicio abierto por una empresa constructora que preparó un plan de trabajos de reforzamiento, adquirió las columnas de metal necesarias, pero el gobierno anterior falló al no dar los anticipos correspondientes. Por aparte, es indudable la necesidad de construir un puente paralelo con tecnología moderna.

Un terremoto, aunque sea de menor intensidad que el de 1976, puede dejar inservible la estructura y con ello crear la pesadilla económica y social. Pero no es el único caso: la totalidad de puentes del país deben ser estudiados y planificarse una acción inmediata para evitar su colapso o daño, sobre todo en los ríos de la Costa Sur. En este espacio no pretendemos dar recomendaciones técnicas, pero sí señalar la urgencia de actuar para que sea mitigado el impacto de la naturaleza.

La magnitud de este problema, del que pocos quieren darse cuenta, excede el ámbito gubernativo. Las universidades y los profesionales relacionados con el tema tienen el deber de presentar planes de solución como parte de su trabajo académico. Y los ciudadanos necesitan despertar la conciencia del riesgo, no solo por razones naturales, sino porque una forma poco conocida de la corrupción la constituye aquella relacionada con el paso de vehículos sobrecargados. Es problema simple de entender, cuya solución necesita voluntad política y capacidad.