Esta semana ha sido intensa por todo lo que sucedió alrededor de las declaraciones del presidente contra la prensa y el decreto de estado de Excepción por las lluvias que restringía los derechos de los guatemaltecos. No había ni terminado la crisis del decreto y ya se empezaba a escuchar que —quién sabe si por despecho— lo que se venía ahora eran nuevos impuestos. En Guatebolas no puede estar uno seguro de casi nada hasta que surge la evidencia, pero en el caso de los impuestos —aunque quizá desconectado de la otra crisis—, lo cierto es que esta semana en el Congreso sí se han propuesto incrementos.

La iniciativa la presentó el lunes el diputado Álvaro Velásquez —de seguro ajeno a los sucesos que desencadenarían el par de días convulsos que permitirían que su propuesta pasase desapercibida—. Su intención es que se incrementen los impuestos a las bebidas alcohólicas. La argumentación es la misma que siempre se ha utilizado para justificar los “sin taxes” (impuestos al pecado, cigarros, alcohol, drogas): se debe desincentivar su uso a través de altos impuestos y además producen problemas (externalidades) que deben ser compensados a través de los impuestos. De allí que hasta pretenda que se prohíba que las bebidas alcohólicas bajen de precio.

Generalmente quienes abogan por estos impuestos preferirían que se reprimieran completamente estos productos y utilizan la política de irlos restringiendo gradualmente a través de mayores tasas impositivas, con el fin último de prohibirlos. No dudo que algunos —quizá la mayoría— de quienes así piensan sean bien intencionados, pero eso no hace que el resultado de sus propuestas sea bueno. Como ya se ha probado hasta la saciedad, los impuestos y las prohibiciones al “pecado” son completamente inefectivos y “el remedio es peor que la enfermedad”.

Incrementar los impuestos “al pecado” no genera más ingresos al fisco, sino un mayor contrabando, y las prohibiciones hacen que surja o se fortalezca el crimen organizado, como sucedió en Estados Unidos durante la prohibición del alcohol o actualmente con el narcotráfico.

Y eso sucede en todas partes, aun en los países desarrollados, donde supuestamente funcionan mejor las instituciones y no hay tanta corrupción. Incluso en Europa, las diferencias de precios en las bebidas alcohólicas debido a las diferencias impositivas han sido una de las principales razones del contrabando.

Yo suscribo otra propuesta: el consumo de estas sustancias no debe ser ni penalizado ni considerado un delito. Cada quien debe ser libre de hacer con su vida lo que quiera, una vez no interfiera con el mismo derecho que tienen todos los demás. Lo que se debe penar —y allí sí, fuerte— es que se cometan delitos con el agravante de estar bajo la influencia de sustancias que alteren los sentidos.

Lo que me lleva de regreso a la propuesta de subir el impuesto a la distribución de las bebidas alcohólicas. Incrementar hasta un 33% el impuesto, como pretende esta propuesta, ni incrementará los ingresos fiscales ni reducirá el consumo de las bebidas. Lo que hará es incrementar el contrabando, que ya actualmente es grande, debido no solo a los impuestos sino a la diferencia cambiaria con México. Si lo que quieren es recibir más ingresos fiscales, contrario a la propuesta actual, lo que se debería hacer es bajar los impuestos, que es la única solución real para reducir la informalidad y el contrabando. Lo demás son ilusiones. Hasta el mismo ministro de Finanzas, en su defensa de la propuesta de puñalada fiscal reciente, reconoció que los impuestos a las bebidas alcohólicas ya están a un nivel tan alto que aumentarlos más solo incrementaría el contrabando. ¿Tan difícil será entender esto?

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