Esta semana fue particularmente movida para el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Kevin McAleenan, que se reunió en Guatemala con personas de diferentes sectores para informar acerca del convenio sobre migración recién suscrito. Esa tarea le correspondía al presidente Jimmy Morales, quien mantuvo en secreto algo que nos afectará dramáticamente y lo hizo de esa manera porque por su prepotencia considera que puede tomar decisiones por encima de la institucionalidad del país y por su incapacidad para comunicar. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, todavía se atreve a negar que tal convenio nos convierte en un Tercer País Seguro, algo que McAleenan no tuvo reparos en expresar que es la terminología técnica para la sección de la Ley de Nacionalidad e Inmigración sobre asilo y que históricamente esa ha sido su denominación a nivel internacional.

Los funcionarios insisten en que este acuerdo no tendrá repercusiones negativas. Sin embargo, tampoco dan respuestas concretas de cómo se desarrollará, por una sencilla razón: El convenio es parte de la estrategia electoral del presidente Donald Trump para su reelección, como señala la congresista norteamericana Norma Torres. El acuerdo fue cocinado al vapor, carece de sustento y su redacción es ambigua, lo cual lo hace peligroso porque dependerá de lo que a la Casa Blanca se le antoje. Degenhart dice que solo se aplicaría a salvadoreños y hondureños, pero el acuerdo señala que pueden ser de cualquier nacionalidad. ¿Cuántos migrantes y por cuánto tiempo estarían en Guatemala? Tampoco hay respuestas, como tampoco las hay acerca de los recursos para atenderlos. McAleenan dice que estudian la posibilidad de involucrar al Alto Comisionado de la ONU para Refugiados (Acnur), el cual por lo regular se encarga de atender a refugiados y desplazados en períodos extensos.

¿Qué beneficios tiene que la frontera de EE. UU. se corra hacia el río Suchiate? Ninguno. Guatemala será cómplice de la violación del derecho a la libre movilización de migrantes ya que los retendrá forzosamente, sabiendo que a la gran mayoría no les darán asilo ya que ese estatus es muy restrictivo. ¿Dónde se hospedarán durante meses, quizá años, mientras esperan? Degenhart dice que tendrán movilidad en el territorio nacional. Es una forma muy elegante para decir que no les darán ayuda de ningún tipo. ¿De qué vivirán? ¿Posibilidad de empleo en un país que exporta a miles de migrantes por falta de oportunidades? ¿Somos un país seguro? El Departamento de Estado de EE. UU. cataloga a Guatemala como insegura y alerta periódicamente a sus ciudadanos de no viajar por robos a mano armada, asesinatos, pandillas, crimen callejero violento y narcotráfico. Los migrantes huyen de esa situación en sus países y estarán a merced de la criminalidad en Guatemala. Ese acuerdo tiene un trasfondo vergonzoso.

La Corte de Constitucionalidad resolvió el 14 de julio que ningún acuerdo sobre convertir a Guatemala en un Tercer País Seguro puede firmarse sin que previamente sea conocido y aprobado por el Congreso. Al suscribirse ese acuerdo el 26 de julio, Jimmy Morales violó el fallo de la CC, por lo que el convenio es ilegal. Sus aliados en el Legislativo intentarán ratificar ese documento con el pretexto de que trae aspectos positivos como el otorgamiento de visas temporales para trabajo agrícola. Esas visas ya las extiende EE. UU. a guatemaltecos desde hace años y no es ninguna una solución a largo plazo. Los diputados deben entender que Guatemala no reúne las condiciones mínimas para convertirse en Tercer País Seguro porque ni siquiera tiene la capacidad para atender a los guatemaltecos, mucho menos a miles de migrantes que serán retenidos durante mucho tiempo y tras negarles el asilo serán deportados a sus países de origen. Eso, señoras y señores, es cruel, es inhumano.