CIUDAD DE GUATEMALA – Ambos se presentaron ante el Tribunal Primero A de Alto Impacto, donde el Ministerio Público (MP) los acusa de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.
El debate empezó de manera puntual. La presidenta del Tribunal, Jazmín Barrios, expresó: “En este momento se declara abierto solemnemente el presente debate”. La acompañaban los vocales Pablo Xitumul y Patricia Bustamante.
Ríos Montt llegó vestido con un traje azul y una camisa blanca, mientras que Rodríguez, quien está internado en el Hospital Militar, asistió a la diligencia con un traje negro y camisa blanca. En audiencias anteriores en el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo se le vio con una bata celeste y sentado en una silla de ruedas.
Afuera del edificio había activistas de organizaciones indígenas y de derechos humanos, quienes celebraban el inicio del primer debate, en el cual se señala a dos militares de alto rango por genocidio en Guatemala.
El abogado Francisco García Gudiel anunció al Tribunal que él tomaría la defensa de Ríos Montt, por lo cual los profesionales que lo asistieron antes quedaron sustituidos.
También solicitó que la audiencia se suspendiera porque necesitaba estudiar la acusación. “En la mañana me llamaron para que me hiciera cargo de la defensa. La ley indica que en estos casos se puede dar un plazo máximo de cinco días”, refirió. Barrios le respondió que no.
Antes de declarar abierto el debate, Barrios emitió una resolución de la judicatura: aceptar que nueve peritos propuestos por la defensa declaren durante el juicio. César Calderón y García Gudiel accionaron contra esa decisión.
Ambos señalaron que no era el Tribunal el encargado de recibir la prueba. Por 90 minutos se discutieron ocho acciones de la defensa. Todas fueron rechazadas, debido a que se presentaron en un momento no adecuado, afirmó Barrios.
VIDEO: Imágenes de la primera jornada del juicio
Expulsan a abogado
Antes de que la Fiscalía de Derechos Humanos hiciera la acusación contra Ríos Montt y Rodríguez, García Gudiel accionó contra Barrios y Xitumul, a quienes quería separar del proceso. “En 2011, la jueza se declaró con una grave enemistad en mi contra y pidió apartarse de todos los procesos en los cuales yo figurara. Ese año, el juez señaló que es mi amigo y también pidió que se retiraba de los casos en los que defiendo”, expresó.
García Gudiel aseguró que la Sala Primera de Apelaciones de lo Penal aceptó la recusación y ordenó que ambos juzgadores fueran separados de los procesos donde apareciera él.
Los jueces deliberaron por unos minutos sobre lo que manifestó el defensor. La decisión del Tribunal fue expulsar al abogado porque había mentido. “El 7 de marzo de este año, la Sala notificó el rechazo de la recusación”, explicó Barrios. De esa forma, le ordenó al abogado que abandonara el recinto.
El hecho originó una discusión entre los defensores y Barrios, la cual llegó hasta los gritos. Calderón y García Gudiel calificaron de arbitraria la decisión del Tribunal.
De manera urgente, la defensa quedó en manos del abogado Moisés Galindo, por lo cual Ríos Montt deberá nombrar hoy a un nuevo profesional que lo asista durante el debate.
Antes de escuchar la imputación, la presidenta del Tribunal mandó al público hacer silencio en dos ocasiones, pues hubo risas mientras García Gudiel hablaba. Barrios también ordenó a la seguridad del Organismo Judicial incrementar las medidas de protección, pues “se detectó a personas con aparatos para amplificar el sonido y los usan mientras los jueces se reúnen para deliberar”, expuso la funcionaria.
Acusación
Durante los 17 meses de gobierno de Ríos Montt se reportó la muerte de mil 771 miembros de la etnia ixil. Cifras de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico indican que ese número representa el 33.61 por ciento de esa población.
Los delitos que la Fiscalía les imputa a Ríos Montt y Rodríguez son genocidio y deberes contra la humanidad. Los hechos por los cuales el MP sindica a los generales ocurrieron entre marzo de 1982 y agosto de 1983.
“En contra del general —Efraín— Ríos Montt hay una enorme cantidad de evidencias. Obviamente, en el mundo no hay ni un solo caso donde un genocida haya autorizado ni la muerte ni la tortura de nadie. Ni el mismo Adolfo Hitler lo hizo”, expresó Édgar Pérez, abogado de las familias de víctimas.
García Gudiel, quien por tres horas representó al general Ríos Montt, expresó: “Jamás oí un discurso que dijera maten a los ixiles, exterminen a los ixiles. José Efraín Ríos Montt no dio una orden ni verbal ni escrita de exterminar a un ixil en este país. Ninguna prueba señala que haya emitido una orden directa”.
Activistas de derechos humanos, allegados a las fuerzas castrenses del país y medios de prensa nacional e internacional asistieron a la “histórica audiencia”, como la calificó Rigoberta Menchú Tum, Premio Nóbel de la Paz 1992.
A dos asientos de distancia de Menchú se observó a Zury Ríos, hija del general enjuiciado, quien desde el inicio del proceso ha apoyado a su padre.
FOTOGALERÍA: Acusados enfrentan histórico juicio por genocidio
Señalamientos de la fiscalía
El fiscal Orlando López los acusó de exterminio de la etnia ixil.
Planes militares Victoria 82 y Sofía 83 contienen instrucciones de una campaña contrainsurgente.
Los documentoscatalogaban a los ixiles como colaboradores de la guerrilla.
Enemigo interno era el término que se usaba.
Acusación del querellante
El abogado Édgar Pérez expuso que presentarán más de 150 testimonios.
La etniaixil sufrió un golpe que dejó la muerte del 33.61 por ciento de sus miembros.
Muertes y violaciones de mujeres estuvieron a la orden del día.
Desplazamiento de población se dio durante el gobierno de facto de Ríos Montt.
Argumentos de la defensa
El defensor César Calderón dijo que no hay pruebas de exterminio.
Respetar a la población era la orden que contenían los planes militares.
Proteger al país de la amenaza comunista y mantener el orden.
Firma de Ríos Montt no aparece en instrucciones de masacres.
“Sorprendido”
Danilo Rodríguez, quien era abogado de José Efraín Ríos Montt, expresó que se “sorprendió” porque a las 8.05 horas recibió una llamada de la familia del acusado para informarle que no formaba parte de la defensa del general retirado. “Iba preparado para el debate”, expuso Rodríguez.
“Los voy a demandar”
Francisco Gudiel, abogado de José Efraín Ríos Montt, afirmó que iniciará acciones legales contra los jueces del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, quienes resolvieron expulsarlo del debate. “La resolución que emitieron es ilegal, por lo que incurrieron en delitos”, dijo.
Se violó el proceso
Según el abogado José Quesada Fernández, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución del Tribunal se violó el debido proceso y el derecho de defensa. Debieron haber enviado la recusación a la Sala, para que resolviera.
Culpan al Ejército de muertes
Nicolás Bernal Brito, uno de los dos testigos que declararon ayer en el primer día de debate, habló en idioma ixil y explicó que cuatro miembros de su familia murieron a manos de soldados.
El hecho ocurrió en Santa María Nebaj, Quiché, el 25 de marzo de 1982. Dos días antes, Ríos Montt había tomado el poder.
“Yo era campesino, me dedicaba a cuidar milpa. Ese día llegaron los soldados. Unos huímos, otros se quedaron y fueron capturados”, fueron las palabras de Brito traducidas al español por el intérprete Andrés Ramírez Raymundo.
El ingreso del Ejército dejó la muerte de 35 personas. Además, explicó que fue obligado a integrar las extintas Patrullas de Autodefensa Civil.
“No podíamos negarnos a prestar ese servicio. Si no asistíamos, nos arrestaban y golpeaban en un calabozo”, afirmó.
El segundo testigo, Bernardo Bernal Gusal, quien también declaró en idioma ixil, explicó que las tropas los obligaban a cultivar maíz para la subsistencia de los militares.
“Todos los días llegaban y nos exigían cuidar la siembra. Decían que ellos les debíamos obedecer porque tenían la ley en sus manos”, relató.
Ambos manifestaron las violaciones cometidas por el Ejército durante el gobierno del militar golpista.
Durante el debate se escuchará la declaración de más de cien testigos. También se expondrán 66 peritajes, entre estos los que se refieren a derechos humanos, violaciones sexuales y tierra arrasada.
También existen peritajes antropológicos, estadísticos y culturales y sobre la cadena de mando militar.
Claudia Paz y Paz, fiscal general, figura como perito. Efectuó un estudio sobre las violaciones a los derechos humanos sufridos por la etnia ixil.
