Resulta poco comprensible, poco práctico y hasta poco estratégico que sea hasta la tercera llegada al país del secretario de Seguridad Nacional interino de EE. UU., John McAleenan, prevista para hoy, que se emprenda la divulgación, a varios sectores del país, del acuerdo de cooperación firmado de manera súbita el viernes 26 de julio y que implícitamente convierte a Guatemala en un tercer país seguro. Tal expresión ha sido utilizada en varias declaraciones por el propio presidente Donald Trump pero rehuida, negada y temida por el gobierno de Jimmy Morales, dadas las implicaciones legales y la abierta contradicción con el discurso de supuesta soberanía que sostenía con fruición.

Acaso lo más llamativo de esta nueva etapa sea que en su declaración conjunta los funcionarios más allegados a Morales, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y la canciller, Sandra Jovel, hayan negado que existiera presión alguna al país para suscribir el acuerdo de marras, pese a que todavía están frescas y por escrito en Twitter las palabras de @realDonaldTump del 23 de julio: “Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviando grandes números de gente, algunos con récord criminal, a los Estados Unidos, ha decidido romper el acuerdo que ellos tenían con nosotros sobre firmar un necesario Convenio de Tercer País Seguro. Nosotros estamos listos para actuar. Ahora estamos evaluando el “veto”, aranceles, gravar remesas o todo lo anterior”.

Tal amenaza resultó cómoda para que el gobierno de Morales la tomara como excusa perfecta para justificar la firma. Si tan buenos eran los ofrecimientos, no existía razón táctica por la cual mantener los diálogos en el secretismo.

Trump necesitaba una carta electoral para exhibir sobre su principal promesa y ahora la tiene. Guatemala necesita un fuerte apoyo para emprender un nuevo capítulo de desarrollo y aún no se sabe qué es lo que obtendrá concretamente, con detalles y cifras. Ciertamente ayer se firmó otro convenio que abriría la puerta legal a trabajadores agrícolas guatemaltecos para plazas temporales, en un número aún sin dilucidar. Se necesita todavía más para equiparar beneficios.

Precisamente los diálogos que sostendrán diversos sectores sociales y económicos con el enviado estadounidense serán la oportunidad de aclarar juicios, descartar temores y plantear de manera asertiva demandas concretas para convertir este episodio ríspido de las relaciones guatemalteco-estadounidenses en una ventana de oportunidad.

Se hace imperativo abrir un debate, no solo en cuanto al fenómeno del éxodo, sino referente a las causas, que necesitan ser atajadas. La corrupción debe ser combatida y erradicada, la competitividad de productos y servicios guatemaltecos debe tener menos barreras en el mercado estadounidense; la cooperación para el desarrollo educativo, agrícola, tecnológico y de salud debe no solo continuar sino demandar una inversión recíproca del próximo gobierno guatemalteco, puesto que el actual no solo está en su fase terminal, sino que su ineficiencia disparó la salida de migrantes. Debe erradicarse todo abordaje bipolar como el expresado por el ministro Degenhart, al calificar, por anticipado, de “malos guatemaltecos” a quienes cuestionan el secretismo y las ambigüedades de un convenio que tuvo que firmar, pese a que hace 11 meses su propia cartera envió a los jeeps J8 artillados a desfilar desafiantes frente a la embajada del país que los donó.