MAÑANA SERÁ CELEBRADO el aniversario número 195 de la firma de la separación de la Capitanía General de Guatemala. El imperio español, con la firma del documento en ese frío y lluvioso 15 de septiembre de 1821, quedó sin un territorio situado desde Chiapas hasta Costa Rica. La facilidad de esa separación, lograda sin sangre, fue uno de los factores principales para haber mantenido al último gobernante enviado por España y para haber decidido la anexión a México, la cual fue rota el 1º de julio de 1823. Por ello de hecho hay dos fechas de independencia, aunque la segunda no está clara en el imaginario de los guatemaltecos de hoy y de varias generaciones anteriores. Ahora parece haber llegado el momento de otra independencia.

ESTA VEZ, SE TRATA de lograr, también sin actos violentos, una separación de los modelos sociales, económicos y políticos cuya presencia en la vida nacional ha dado base para el atraso del país. Debe ser entonces una independencia derivada del convencimiento de llegar a acuerdos mínimos entre representantes de los diversos sectores nacionales para comenzar una reforma no solo del Estado, sino de la forma como la sociedad juzga y posteriormente castiga o premia a quienes por cualquier motivo se convierten en líderes o representantes de intereses legítimos, pero ahora corrompidos a consecuencia de la irresponsabilidad como componente esencial de la corrupción.

EL ESTADO GUATEMALTECO ya no funciona. Y esto es así porque los cambios de las personas encargadas del manejo de la cosa pública constituyen simplemente nuevas caras. El Congreso, aunque no único, es un caso representativo: los nuevos diputados han demostrado ser hábiles aprendices de mañas de todo tipo, como lo demuestra el hoy partido oficial. Con el gobierno sucede algo parecido, pero también con los sindicatos del Estado, cuyas prestaciones y formas de actuar rebasan todo límite. Mucho del sector privado también tiene actitudes igualmente cuestionables y también reprochables. Con las normas legales referentes a los partidos políticos y su gente, también pasa lo mismo. Sin cambios no se pueden lograr resultados distintos.

AUMENTA CADA VEZ MÁS LA cantidad de voces para llamar a un diálogo nacional con el fin de darle posibilidades de renacimiento al Estado. Ello incluye también al poder Judicial, ahora fuente de mucha de la decepción y del cansancio ciudadano hacia las instituciones. Concuerdo con la idea de iniciar la tarea luego de lograr un consenso en unos cuantos temas básicos dirigidos a recuperar la ahora justificadamente perdida confianza ciudadana. Aplicar la ley a los corruptos constituye un buen inicio, porque se trata de una exigencia ciudadana convertida en motor de las manifestaciones de hace un año. Sería aún más desastroso el efecto del desvanecimiento de la esperanza nacida en esas fechas y mantenida en los primeros meses posteriores.

NO ES UTÓPICO HABLAR DE la necesidad de una nueva independencia. Ahora los ciudadanos son esclavos del retroceso de todas las instituciones del país hasta niveles imposibles de imaginar aun en el inicio de la democracia electoral en 1984, con la emisión de la nueva Carta Magna. La preocupación no debe estar dirigida a los posibles problemas derivados de ese necesario borrón y cuenta nueva, sino de aquellos inevitables porque no se haga. Por ello es adecuado y explicable meditar sobre este asunto cuando se cumplen 195 años de la independencia. En vez de celebrar la fecha con desfiles, urge hacerlo deteniéndose en el camino dirigido al barranco de la ingobernabilidad. Es cuestión de valor y de responsabilidad hacia el presente y el futuro.