En primer lugar, se reunió durante más de una hora con los promotores de justicia (fiscales) del Estado Vaticano, con quienes estudió la situación penal de Wesolowski y las competencias de cada parte en el proceso.
Y es que, según explicó Domínguez Brito, son tres los países que podrían juzgar al exnuncio: la República Dominicana por ser el lugar donde presuntamente cometió el delito, Polonia por su nacionalidad y el Vaticano porque, al ser su diplomático en la época, estaba bajo su jurisdicción.
En este sentido, explicó que, a tenor de lo establecido en la Convención de Viena (1964), “la jurisdicción de este caso es competencia del Vaticano” porque “todo personal diplomático que pudiera enfrentar algún proceso judicial debe ser juzgado por el país al que representa“.
Posteriormente mantuvo un encuentro de 30 minutos con el subsecretario de Estado Vaticano, Angelo Becciu, a quien expresó, dijo, “su satisfacción ante los procedimientos” que está llevando a cabo el Vaticano.
“En dichas reuniones, analizamos las legislaciones de ambos países para determinar las atribuciones jurídicas de las autoridades dominicanas y hasta dónde llega la competencia del Estado Vaticano, quienes ya realizan la sumaria y han tomado medidas cautelares tales como la ratificación y ejecución del arresto domiciliario“, declaró.
El fiscal manifestó a la Prensa que este es “un caso muy grave y delicado, no solo por el tipo penal sino también debido a los actores, por lo que queremos y esperamos que todo el proceso se maneje en el marco del respeto, pero sobre todo en un marco donde prevalezca la justicia“.
Asimismo destacó “la colaboración” entre la República Dominicana y la Santa Sede en este caso.
“Nosotros como autoridades dominicanas hemos realizado las investigaciones preliminares practicando interrogatorios y levantamiento de pruebas, en donde observamos hechos que revisten un carácter de ilicitud, y toda esta documentación fue debidamente enviada a las autoridades de Vaticano“, explicó.
Sin embargo, matizó que es deber de los magistrados vaticanos “determinar el grado de culpabilidad” de Wesolowski en los hechos.
El máximo representante del Ministerio Público dominicano dijo que el buen desarrollo de este proceso judicial es “importante” para su país porque sienta “una jurisprudencia” y, por lo tanto, “creará un precedente acorde a lo que espera toda la sociedad dominicana e internacional“.
En septiembre, Wesolowski, de 66 años, fue sometido a arresto domiciliario como medida cautelar por expresa decisión del papa Francisco y debido a los “graves hechos de abuso a menores en la República Dominicana” presuntamente cometidos por él.
El polaco, que afronta penas de cárcel de entre 6 y 10 años, está acusado de abusar de menores de edad durante su estancia en el país caribeño, donde fue nuncio apostólico entre enero de 2008 y agosto del 2013.
Esta acusación ya le supuso la expulsión del sacerdocio en agosto del 2013 tras un proceso canónico, diferente al que afronta ahora, de naturaleza penal.
Recientemente el portavoz vaticano, Federico Lombardi, reveló que este juicio se celebraría a finales de este año o comienzos del próximo, una vez que concluya la fase instructora, que se encuentra “bajo secreto de sumario“.
Domínguez Brito explicó que, durante sus encuentros, no concretaron la fecha en la que Wesolowski será enviado o no a juicio, si bien hablaron de que se produciría en “un tiempo prudente“.
Tampoco vio al nuncio, recluido en una habitación destinada a tal fin en la Ciudad del Vaticano, ni le notificaron cuál es su estado de salud.
Domínguez Brito llegó a Italia procedente de Polonia, donde conoció detalles del proceso penal contra el religioso polaco Wojciech Gil, acusado de abusos sexuales de menores tanto en su país como en la República Dominicana.
