Durante las manifestaciones en contra de la corrupción que llenaron la Plaza de la Constitución en más de una ocasión se popularizó una frase que cobraba sentido con cada arremetida que daban la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público en contra de estructuras criminales incrustadas en el Estado, y era “Esto apenas empieza”.

Hoy, esa expresión ha sido superada por una cruda realidad y más bien valdría retomarla en tono interrogativo para preguntarse: ¿Esto cuándo terminará? Porque continúan los golpes al crimen, siguen las capturas de figuras relevantes y muchas otras libran duras batallas para evitar ir a la cárcel o salir pronto de ella.

Ayer, en un nuevo Jueves de Cicig, fue detenida la ex registradora general de la Propiedad Anabella de León, junto a 21 personas más, y quedan pendientes de captura cinco sindicados. Otra de las figuras relevantes aprehendida ayer es Samantha Mejía, esposa de Vernon González, a su vez procesado por tráfico de influencias.

Esta nueva estructura delictiva está señalada de haber creado numerosas plazas fantasma en el Registro General de la Propiedad, y también de fraude. Se responsabiliza a De León, pues se le pone como cabecilla de una red que incluso había llegado al extremo de cobrar por eventos ficticios, como desayunos inexistentes. Con la caída de la exregistradora queda casi cerrado el círculo de figuras relevantes del Partido Patriota hoy de cara a la justicia o fuera del país para burlarla.

La extitular del Registro de la Propiedad simboliza el abuso generalizado de poder que marcó a la administración patriotista, porque cuando ese partido acababa de obtener la victoria en las urnas ella ya presumía de su nuevo cargo. Una de las posiciones más apetecidas porque ha sido vox pópuli de las jugosas e indebidas ganancias que allí se obtienen, una de las razones por las que desde hace años la han ocupado parientes de los gobernantes o gente muy cercana a otros altos funcionarios.

Solo era cuestión de tiempo para que se tomara alguna acción contra alguno de los responsables de dirigir esa institución, convertida en un nido de corrupción y de pillaje, pues desde allí se han materializado auténticos robos de propiedades. Un registrador ni siquiera tiene un salario establecido y ni siquiera se sabe a cuánto ascienden sus ingresos, pues obtiene un porcentaje obligatorio por los documentos que autoriza, lo cual resulta ser en sí mismo una situación que causa también serias dudas acerca de la motivación para nombrar a alguien en ese cargo.

Una de estas infamias ha sido el despojo de propiedades que ha sido posible por la complicidad de empleados del Registro y de mafias de abogados que desde hace años operan con las facilidades que obtienen en esa entidad. Hay que reconocer y aplaudir esos embates contra estas estructuras criminales porque es la única vía de consolidar el mensaje de que la corrupción no puede ser un negocio lucrativo para quienes llegan a esos cargos por haber apoyado proyectos electoreros. También debe desterrarse y combatirse por todos los medios la idea de que se pueden obtener puestos como el hoy citado simplemente para darse un festín con dinero mal habido.