Un feo espectáculo resume la indigencia política. La diputada de Jutiapa, Sandra Patricia Sandoval González, con voz alta reclama a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tolerar una manifestación de los trabajadores. Igual, con un volumen innecesario y golpes en la mesa, pide se respete su investidura, cuando los funcionarios están sentados sin proferir palabra o realizar acción alguna.

Hace algunas semanas, la misma diputada indicó que las mujeres abusaban de la Ley de Femicidio, pues en muchos casos inventaban las denuncias y obtenían, por connivencia o tendenciosa falta de juicio de las juezas, medidas de protección y hasta sentencias. Presentó una iniciativa de ley para enmendar la mencionada ley, según se reportó el 1 de junio de 2016.

No pasó mucho tiempo cuando la misma diputada consiguió que sin consideración de antejuicio u otro asunto jurídico, el 21 de agosto, la jueza Karen Jeanette Chinchilla Menéndez ordenara medidas de restricción contra el diputado Javier Alfonso Hernández Franco, como “presunto agresor”, apercibiéndolo de ser capturado por la PNC en caso de flagrancia. Es decir, cualquier agente puede detener al diputado si considera que está cometiendo un acto flagrante como ingresar al edificio del Congreso, lugar de trabajo de la diputada de Jutiapa. Es obvio que la resolución judicial prohíbe al diputado ingresar al hemiciclo, lo que equivale a un desaforo inconstitucional. ¿En qué país estamos? ¿Cómo es posible que dos damas, diputada y jueza, efectúen tamaños desbarres?

Lo grotesco, si cabe, consiste en que la diputada y el indiciado son de la misma bancada oficial. Y todos, tan frescos como una lechuga recién cortada. ¿Existe el delito de prevaricato? ¿Qué justificación tiene el Ministerio Público en todo este asunto? Los fiscales están involucrados porque la denuncia inicial se hizo ante esa oficina estatal. Las funciones de persecución penal suponen la calificación de toda imputación, para resolver si se trata de una acción susceptible de presentar ante la autoridad jurisdiccional. El MP no es una oficina de trámite; al contrario, emite juicios sobre los asuntos presentados. Cierto, sus resoluciones no causan estado, están sujetas a revisión judicial. Sin embargo, actuar sin razonamiento jurídico es un grave error.

En el país, los funcionarios no asumen sus responsabilidades. La endosan a otros y muchas veces a ciudadanos o a la ciudadanía anónima. La necia afirmación, que la corrupción es un asunto de todos, por ejemplo.

Las situaciones que genera la representante de Jutiapa y funcionarios que no le ponen freno debe corregirse. No puede esparcirse la necedad y la falta de responsabilidad. La serenidad de la ciudadanía solo se mantendrá cuando se transmita una imagen de autoridad. Se deben frenar los abusos de esta mala representante y de otros funcionarios.

El valor en la crítica a la gestión pública no se mide por la cantidad de insultos que se dirijan contra las altas autoridades del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, sino por el llamado a elevar la discusión de los problemas nacionales, a sustentar las denuncias de mal gobierno y contar con pruebas de las acusaciones contra los funcionarios.

Apoyar el discernimiento de la ciudadanía significa resaltar la importancia del voto y procesos electorales. No se puede regalar la decisión, al escoger lo peor del oportunismo y la rusticidad. Basta de premiar a funcionarios soeces y ocurrencias groseras con sonrisas complacientes. La política no gana con motes, chistecitos y o espectáculo de comedia.

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