La contralora general de Cuentas, Nora Segura, explicó que ese alto porcentaje obedece a que las adquisiciones directas, por excepción y los fideicomisos no están sujetos a la Ley de Compras, lo cual debería modificarse.
Álvaro González Ricci, presidente de la Comisión de Apoyo a la Recaudación Tributaria, resaltó la necesidad de reformar la Ley de Compras y Contrataciones, para que todas las adquisiciones que figuran en Guatecompras se sujeten a la normativa. Ahora solo el 15.17 por ciento del total de concursos registrados en este portal cumplen con ese requisito.
La recepción de ofertas con horarios y proveedores restringidos, integración de juntas calificadoras de manera discrecional y fraccionamiento en adquisiciones para hacer adquisiciones directas —con lo cual se evita una licitación— figuran entre las prácticas que se busca cambiar mediante una reforma a la Ley de Compras y Contrataciones.
Las cuatro áreas que la Comisión de Apoyo a la Recaudación Tributaria busca modificar son: construcción y obra pública, compra de medicamentos, seguros y fianzas y gobierno electrónico, con base en Guatecompras.
“La forma en que se diseñó Guatecompras parecería que fue para cometer actos de corrupción, para decir que tenemos gobierno electrónico, pero permiten que cometan actos de corrupción. Así vemos que en más del 80 por ciento de las adquisiciones se hacen fuera de procesos de licitación transparentes, aunque estén registrados en el portal. Se suben los concursos solo para obtener un NOG —número de operación en Guatecompras—”, informó González Ricci. Ese número les sirve a los contratistas para cobrar.
Modificaciones
Los concursos restringidos se prestan a irregularidades, advierten expertos. En lo que va del 2012 se han publicado 33 mil 237 concursos para compras directas y mil 177 por excepción.
Según Mayra Palencia, economista del Instituto de Gerencia de la Universidad Rafael Landívar, es necesario cambiar en la Ley de Compras aspectos como la integración de las juntas de licitación —muchas formadas por personas sin experiencia y “bajo renglones transitorios”, lo que da pie a discrecionalidad— y la elaboración de las bases, “sobre todo en medicamentos”, que suelen tener una especificidad que limita la competencia.
Palencia también señaló la necesidad de efectuar cambios a la Ley de Servicio Civil, a fin de establecer criterios técnicos más rigurosos para integración de juntas calificadoras.
Las adquisiciones directas y por excepción son, de acuerdo con Palencia, “formas de adquisición pública que no son competitivas y se prestan a favores y sobrecostos”.
Añadió: “El Estado debe tener conocimiento del mercado, y los vínculos o conexiones entre empresas, para identificar posibles testaferros”.
Pedro Muadi, de la Comisión de Transparencia y electo presidente del Congreso, destacó que la iniciativa 4461, “Ley de Fortalecimiento de la Institucionalidad para la Transparencia y la Calidad del Gasto Público”, ya tiene dictamen favorable, aunque no ha sido presentada a la Dirección Legislativa.
En cuanto a la iniciativa 4462, que contemplaba cambios a la Ley de Contrataciones, recibió dictamen parcial de la sala de Apoyo a la Recaudación Tributaria, la cual busca reformas a la Ley de Compras más detalladas, indicó González Ricci.
