La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió temporalmente la licencia de explotación de la mina Fénix que opera en El Estor, Izabal. Este es otro caso donde vuelve a interpretarse erróneamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afectando al país, pero, sobre todo, dañando particularmente a los trabajadores y a los guatemaltecos en general, debido a que este tipo de acciones ahuyentan las inversiones y las pocas oportunidades de mejora de nivel de vida.

He sido muy crítico con estas resoluciones de la CC en cuanto al cierre de operaciones de hidroeléctricas o mineras, debido al cuestionamiento de las consultas a las comunidades sobre la viabilidad del proyecto. Estas consultas, de acuerdo con el Convenio, no son vinculantes, pero los magistrados actuales de la CC no lo interpretan así. ¿Cómo es posible que la CC detenga temporalmente una operación que ha implicado una gran inversión luego de que las empresas que fueron suspendidas habían obtenido todos los permisos y licencias para su operación? ¿Por qué no hacer lo que hacen otros países que abren un expediente para aclarar el tema de la consulta sin necesidad de parar operaciones y causar tantas pérdidas a tanta gente, no solo inversionistas, sino los guatemaltecos más pobres que viven de estos proyectos o bien no tienen trabajo, pero ven cómo las escasas oportunidades de trabajo son alejadas por estos irresponsables magistrados?

La mina San Rafael lleva más de dos años suspendida. Ahora le tocó a la mina Fénix. ¿Cuál será el siguiente? Pienso que pocos. Ya nadie quiere venir a invertir en este país debido a la incertidumbre, falta de certeza jurídica y reglas claras para los inversionistas. Cuando más se necesitan inversiones extranjeras para salir de nuestro mediocre crecimiento económico seguimos haciendo cosas que las ahuyentan.

El Convenio 169 de la OIT lo están aplicando solo los países de Latinoamérica, cada uno a su modo. En Guatemala no se aplica como se indica en el mismo, se hacen cosas que no están establecidas. Este Convenio, a pesar de que hay indígenas en una gran mayoría de países del mundo, fue firmado apenas por 23 países, de los cuales 16 son de Latinoamérica; uno, en África; uno, en Oceanía; uno, en Asia y cuatro, en Europa. El convenio salió en 1995-96. El último país en adherirse lo hizo en el 2009.

Falta un reglamento para llevar a cabo las consultas, cosa que debía ser responsabilidad del Gobierno. Nunca lo hicieron. Lo diputados que aprobaron el Convenio se lavaron las manos. Finalmente le han pedido al Ministerio de Energía y Minas que se encargue. Aún no hay nada.

La minera asegura que hizo todas las consultas y las tiene documentadas. Si un grupo de vecinos está protestando por la minera, ¿tienen derecho de detener su operación justificando que no fueron consultados? No, porque las consultas no son vinculantes.

Guatemala debe salirse de un convenio que le genera más pobreza, que le resta credibilidad, y que en vez de ayudar a los indígenas de la provincia —para eso se supone que era este Convenio—, les causa un daño irreversible al condenarlos a la pobreza permanente. No hay modo de que puedan venir inversiones, no solo de minería, sino de cualquier otro tipo, si no hay certeza ante la ley. Estas resoluciones, arbitrarias a mi juicio, frenan el desarrollo y la mejora de nivel de vida de los guatemaltecos.

Los magistrados que aprobaron esta suspensión, así como las anteriores son unos irresponsables. Necesitamos más inversiones de todo tipo, no menos.