Guatemala

“Trasladaron grandes cantidades de dinero para beneficiarse”: Tribunal condena a cercanos de Sinibaldi en caso Odebrecht

Tribunal condena a Juan Manuel Molina Coronado, abogado del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, y a Jorge Eduardo Antillón Klüssmann a 14 años de prisión, y a Juan Ignacio Florido, a seis años.

Por videoconferencia, desde Brasilia, declara el banquero Marco Antonio Bilinsky en el juicio del caso Odebrecht. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Por videoconferencia, desde Brasilia, declara el banquero Marco Antonio Bilinsky en el juicio del caso Odebrecht. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Tras diez días de debate en el juicio por el caso Odebrecht, el Tribunal de Mayor Riesgo A emitió las condenas a los acusados por uno de los casos de corrupción que ha hecho temblar a América Latina.

Por unanimidad, el Tribunal integrado por Yassmín Barrios, Gelvi Sical y Patricia Bustamante dictó condenas a tres acusados en el caso Odebrecht.

“Los acusados participaron en el lavado de dinero en su calidad de autores. Es evidente la estructura criminal para delinquir que trasladó grandes cantidades de dinero para beneficiarse”, explicó la jueza Barrios.

Para Juan Manuel Molina Coronado, quien fue abogado de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la pena es de 14 años de prisión -seis años de cárcel por lavado de dinero y ocho por asociación ilícita-, además, multa de US$1.2 millones.

La misma pena fue para Jorge Eduardo Antillón Klüssmann, pero la multa es de US$246 mil. Como gozaba de arresto domiciliario el Tribunal le revocó la medida y lo remitió a la cárcel militar Mariscal Zavala.

A Juan Ignacio Florido le impusieron la sentencia de seis años de cárcel por lavado de dinero y la multa de US$9 millones 30 mil.

 

“En su momento entregué la papelería de forma voluntaria diciendo que había aperturado una cuenta. Hay muchos temas que tenemos que discutir con nuestros abogados para el tema de la apelación porque siento que de alguna forma se me juzgó pero no de la forma más justa. A la constructora -Odebrecht-, probablemente la más grande del mundo, le pusieron una multa de US$17 millones por la reparación al Estado guatemalteco y a mí una multa de US$9 millones cuando estoy principalmente quebrado financieramente”, se refirió Florido.

En tanto el abogado Molina resumió la sentencia como algo “duro antes que cualquier otra cosa”. “Con dignidad vamos a seguir peleando. Se omitieron los documentos bancarios que demostraron que jamás se recibió ese dinero. El Tribunal en ningún momento se pronunció”.

“Este es un tema político, pues nosotros estamos pagando la cuestión de alguien más. A mí se me vincula por mi relación profesional con Alejandro Sinibaldi, osea, por trabajos. Pero desde el tema monetario es que me vinculan a mí. No cambio mi relación con Sinibaldi, es la que tuve con 300 personas más”, añadió Molina.

Antillón Klüssmann evitó pronunciarse y al saber que sería remitido a una cárcel usó su celular y esperó hasta que fue engrilletado en la sala de audiencias del piso 15 en la Torre de Tribunales.

Ordena investigaciones

El Tribunal ordenó investigar a María Eugenia Beatriz del Rosario Pivaral Aguilar en relación con las supuestas irregularidades que se conocieron durante el debate por una finca que le vendió a Sinibaldi.

También ordenó abrir una pesquisa contra Rubén Mejía, quien fue viceministro de Comunicaciones, y estaría involucrado en la negociación de las coimas y la parte financiera. “Se ordena una investigación por la parte financiera de la cartera al haber autorizado los pagos”, dijo la jueza Barrios.

El Tribunal ordenó que la sentencia sea publicada en un diario escrito.

Argumentación

“Al concluir nuestro análisis es necesario mencionar que uno de los problemas de la sociedad guatemalteca es la corrupción como flagelo que es necesario luchar y combatir”, mencionó la jueza Barrios.

“La corrupción es susceptible de cometerse en ámbitos públicos y privados. De ahí que donde hay intereses personales obedece el soborno y la extorsión o se practican actos fuera de la moral o lavado de dinero como este caso. En el momento que una función es alterada de su cauce normal, hay corrupción, por lo tanto, existe corrupción en aquellos actos que se realicen de manera indebida y fuera de la norma. Es preciso recordar que la corrupción de los gobiernos y administraciones públicas produce desvío de recursos”, dijo Barrios.

Valor a las pruebas

El Tribunal recordó que la constructora brasileña Odebrecht firmó el contrato con el país el 13 de diciembre del 2012 para dar mantenimiento y ampliar la CA-2 Occidente. El monto fue de US$384 millones, 361 mil 901.65.

Sinibaldi, el supuesto líder de la organización criminal, negoció con los directivos para recibir 7.5% como soborno del monto total que el Estado le pagaría a la empresa por la carretera.

La obra inició el 24 de octubre del 2013 y se extendió hasta 2016 cuando se conoció el caso. El avance fue de 54% y para recibir los sobornos, Sinibaldi ordenó a los acusados que firmaran por la apertura de cuentas de entidades fuera de plaza en Antigua y Barbuda.

Odebrecht transfirió US$17.9 millones a las cuentas, cuyos representantes son los condenados, según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Testigos

Los jueces valoraron el relato de los directivos brasileños, quienes confirmaron la negociación por la obra. Uno de ellos fue de Marcos Machado, que ordenó la apertura de las cuentas y aprobó la transferencia de las coimas millonarias.

También del banquero Mario Pereira Bilinski, quien abrió las cuentas y conoció a Molina cuando visitó el país en seis oportunidades para la firma de documentos.

Colaborador fue clave

El testimonio de Juan Arturo Jegerlehner Morales, concuño de Sinibaldi y colaborador eficaz, fue clave en las pruebas. En su relato describió a los jueces que había abierto cuentas y negoció la compra de una finca para Sinibaldi con Pivaral Aguilar.

Otros testimonios que valoraron las pruebas fueron las del analista Deimer Meléndez, quien se refirió a la firma del contrato con la constructora así como las transferencias de dólares.

Baldizón se benefició

Para los jueces quedó demostrado que en febrero de 2013, Sinibaldi realizó una reunión en su casa y presentó a un directivo de Odebrecht con Manuel Baldizón. Sinibaldi le indicó al directivo de Odebrecht que debía depositar a Baldizón la cantidad de US$3millones, provenientes de los sobornos pactados.

En enero de 2014 Manuel Baldizón delegó al abogado Diego Chacón Yurrita -aún pendiente del comienzo del juicio- para que se encargara de abrir las cuentas y se coordinara con los brasileños para las transferencias.

A partir de junio de 2014 se realizaron transferencias ilícitas a empresas relacionadas con el excandidato presidencial Baldizón.

Baldizón le indicó al delegado de Odebrecht en Guatemala que estaba en campaña presidencial, que sería el próximo presidente y que las empresas que le estaban ayudando, entre ellas Odebrecht, debían apoyar también a la campaña.

Baldizón en coordinación con Sinibaldi y en concierto con los directivos de Odebrecht, recibió en total US$1 millón 360 mil de los US$3 millones pactados en concepto de comisiones ilícitas.

El caso

El juicio comenzó el 8 de julio pasado. Ya declaró el perito Deimer Meléndez Cardona, quien recordó a los jueces que Sinibaldi negoció coimas con la empresa brasileña y con el relato del banquero se confirma la forma y los montos.

La investigación del caso surgió por el avance del proceso denominado Construcción y corrupción, en donde se reveló una estructura criminal liderada por Sinibaldi, quien gestionaba cobros ilegales a cambio de realizar los desembolsos a las entidades contratistas.

Estos cobros, según se ha documentado en la investigación, consistían en porcentajes que oscilaban desde el 5 al 15%. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora Norberto Odebrecht S.A.

En una investigación difundida el 21 de diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se vinculó a la constructora brasileña con la entrega de sobornos a funcionarios públicos de 12 países, incluido Guatemala.

Las investigaciones de la justicia brasileña condujeron a la ubicación de cuentas bancarias en el extranjero, las cuales utilizaba el Grupo Odebrecht con el fin de realizar los pagos ilícitos relacionados con los contratos firmados.

La Contraloría General de Cuentas realizó un examen especial de auditoría a los aspectos financieros, de cumplimiento y gestión, al contrato adjudicado a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A, estableciendo la posible comisión de ilícitos, por lo que se presentó la denuncia en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público.

El caso construcción y corrupción reflejó los primeros indicios de entidades vinculadas con Sinibaldi Aparicio que actuaron en contubernio con la entidad Norberto Odebrecht.

Tal como demuestran las investigaciones en la región latinoamericana, esta firma realizó prácticas ilícitas por medio del pago de sobornos en los contratos en los que participó.

Lo que sigue

La reparación digna se discutirá el 25 de julio próximo. La defensa adelantó que analizará el fallo para la apelación especial.

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