Ríos Montt, como figura política, se había mantenido en la escena prácticamente por tres generaciones, que lo recordarán para bien o para mal. La sentencia de Barrios, que sumó 80 años de cárcel por los dos delitos, aún es polémica, por la connotación del término genocidio. Los que insisten en que no hubo una política clara de exterminio a una etnia en particular sostienen que la resolución tuvo un carácter político y no jurídico. Los puntos de vista saltan de los tecnicismos para evidenciar en realidad la polarización del tema entre la ciudadanía que no logra conocer su pasado reciente y no alcanza la reconciliación que esperaba materializarse con la firma de la paz.
Aunque retirado de la política en el 2012, el fallo cerró la carrera del militar. Su juicio tiene múltiples niveles o razones. Primero, ha sido la primera vez que un exjefe de Estado es juzgado por genocidio en su propio país, cuando la norma había sido que este tipo de casos se ventilaban en los tribunales internacionales. También se puede considerar a este caso como otro ejemplo que resulta de la tenacidad de las organizaciones de familiares de víctimas del conflicto armado, particularmente de hechos ocurridos entre marzo de 1982 y agosto de 1983. En otras palabras, durante 30 años ejercieron presión para que los crímenes no quedaran en el olvido.
Y, finalmente, el juicio en sí mismo fue importante porque posibilitó que tanto nuevas generaciones como los habitantes del área capitalina conocieran en detalle lo que ocurrió en Guatemala durante ese período de la década de 1980.
En febrero del 2011, otro de nuestros titulares —Congreso aprueba fondo para lucha contra el VIH-sida— recogió el trabajo de presión que por cuatro semanas mantuvo varios sectores sociales hasta que se logró que todos los bloques del Legislativo aprobaran de urgencia nacional la donación de US$17.5 millones del Fondo Mundial para combatir el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), así como la compra de antirretrovirales. La aprobación estuvo bloqueada por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), que este año fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral.
El quinquenio no escapó a los desastres naturales. Dos sismos significativos en el occidente y un fatídico alud enlutaron al país. De ello dieron cuenta la primera plana del 2012 —Terremoto deja 2,263 viviendas con daños— y la del 2014 —Fuerte sismo golpea a 12 departamentos—.
El período cerró con el deslizamiento de tierra en Santa Catarina Pinula, el 1 de octubre del 2015. El titular Deslave en el Cambray 2, buscan a 450, evidenció la magnitud del evento acerca del cual, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en una de sus publicaciones científicas, señaló que ocurrió en un país donde el Estado no ejerce efectivo control sobre el territorio y la población, y donde el Estado tampoco tiene capacidad de regular las actividades generadoras de riesgo públicas o privadas.
Fuentes: Hans Quevedo, politóligo, y Ricardo Sáenz de Tejada, antropólogo.