Estos datos se desprenden el informe Consumo de drogas y adicciones en la población penal juvenil, un estudio exploratorio en seis países centroamericanos, efectuado a 387 adolescentes, hombres y mujeres, procesados o sentenciados, y mayores de 18 años beneficiarios de la ley penal, de 21 centros penales y tres programas nacionales de medidas alternativas de Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. La investigación comenzó en septiembre del 2015 y concluyó en marzo pasado. El documento se compartió este jueves en el primer foro de seguridad ciudadana.
El experto Erwin Rayo, de Tierra de Hombres, quien presentó los resultados, aseguró que varios estudios evidencian que el consumo de drogas está asociado con la violencia, un fenómeno que afecta a Centroamérica.
Del estudio Consumo de drogas y adicciones en la población penal juvenil, efectuado en seis países centroamericanos, estos son los resultados.
El 76.2% son varones y 23.8%, mujeres. De estos, el 48.4% son menores de 18 años. El 53.3% son originarios de los países del Triángulo Norte de la región.
El 10.5% tuvo conflicto con la ley por tráfico o tenencia ilegal de drogas.
El 26.3% indicó que cometió el delito actual bajo efectos de alcohol, drogas o ambas. El 13.7% dijo que el hecho ilícito cometido está relacionado con lo que hicieron para conseguir o comprar drogas.
Resaltó que la investigación no está terminada y que esperan incorporar algunos elementos al informe, el cual será presentado a cada país a finales de año.
Rayo refirió que para el 2010 se hablaba de 45 millones de personas en la región, que uno de cada cuatro eran menores de 18 años y que había alrededor de 53 mil adolescentes con proceso penal.
Refirió que el objetivo del estudio es caracterizar el fenómeno del consumo de drogas en la población penal juvenil en la región para diseñar estrategias de respuesta penal y el tratamiento de la problemática entre los operadores del sistema de justicia.
Entre los resultados de este estudio destacan que el 76.2% de la población son varones. Además, que el 53.3% de los entrevistados son originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Rayo señaló que muchas veces se piensa que los jóvenes que se encuentran con medida preventiva, privados
de libertad o procesados judicialmente son jóvenes de la calle, pero no es así.
La mitad de la población al momento de la detención tenía entre 16 y 18 años.
El 70% está sentenciado, 29% procesado y 19%, en prisión.
El estudio reflejó que el 10% de los jóvenes en conflicto con la ley fueron detenidos por tráfico o tenencia ilegal de drogas y 14.3% de ellos tienen dos o más condenas. La edad promedio del primer consumo de drogas legales —alcohol— o ilegales es de 13 a 15 años.
Los entrevistados indicaron que el alcohol y marihuana son las sustancias más consumidas y la combinación de preferencia.
Solo el 13.4% señaló que había recibido tratamiento para el cumplimento de la medida, y el 67.7% indicó que no les ofrecieron tratamiento o alguna opción para su problema de consumo durante el cumplimiento de la medida actual.
Algunos manifestaron que se podía consumir sustancias en los reclusorios.
Byron Titus, del Centro de Transición a la Excelencia, señaló que en el país los jóvenes viven una tragedia cuando caen en las drogas.
Señaló que los estupefacientes producen en algunas personas efectos que las llevan a cometer un delito, pero que no se trata la problemática que los obligó o los insensibilizó para cometer la falta.
“Es importante que empecemos a considerar programas dentro del Sistema Penitenciario de Guatemala, que entiendan que si no se ataca el problema del abuso, de la dependencia de droga estamos solamente manteniendo a una persona alejada de la comunidad un tiempo, pero que al salir vuelve a reincidir porque comete el mismo delito o una falta más grave”, indicó.
Manuel Pocasangre, de Jóvenes contra la Violencia, refirió que para prevenir la violencia hay que evaluar también programas de reinserción y dialogar sobre qué estrategias se deben trabajar.
