A menudo los funcionarios buscan culpar a la prensa independiente para justificar o desviar la atención de los malos resultados de su gestión, los cuales se ven reflejados en los indicadores sociales y económicos. En otros casos señalan a los opositores del momento, los cuales juegan un papel ambivalente, puesto que vociferan las deficiencias solo en tanto y en cuanto les rinda un rédito electorero, pero una vez están del lado oficialista de la ecuación se convierten en lo mismo que tanto criticaban.

Es por ello que resultan vitales las evaluaciones efectuadas por entes ajenos a los tinglados políticos nacionales. Cotejan datos de producción, finanzas, cifras oficiales y políticas macroeconómicas, desde la óptica de tendencias globales, a fin de generar un panorama objetivo y una clasificación técnica. Es el caso de la calificadora de riesgo Moody’s, que en su informe anual sobre Guatemala, revelado ayer, mantiene una calificación de perspectiva estable, pero con la advertencia de revisarla a la baja si no se atienden las graves deficiencias fiscales del país, la caída de los indicadores de desarrollo social y el comportamiento del escenario político, que lejos de mostrar signos de madurez se mantiene opacado por señalamientos de corrupción, infiltración de dinero ilícito y la miopía dirigencial. Ninguno de los partidos que participan en la segunda vuelta electoral, que se desarrollará en 23 días, inspira suficiente confianza en la calificadora, dada la falta de planes concretos, viables y detallados para elevar la inversión extranjera, que constituye una de las vías para promover nuevos empleos y crecimiento.

Aquí entra otro factor crucial: abrir las puertas a las inversiones a través de certeza jurídica, incentivos tributarios o concursos internacionales, constituye un paso necesario, pero paralelamente se debe priorizar la formación del capital humano, especialmente los jóvenes que constituyen el bono demográfico que abarcará las próximas dos décadas. Desafortunadamente, el manejo politizado de la educación pública y el negocio de muchos planteles privados, así como la falta de proyectos sostenidos de capacitación técnica en áreas laboralmente demandadas causan deficiencias que dificultan el reclutamiento o el crecimiento de nuevo personal. Así también el clientelismo político ha potenciado las reparticiones de dádivas en lugar de invertir en procesos productivos comunitarios y potenciar emprendimientos agrícolas, manufactureros, turísticos y tecnológicos.

La falta de dominio del idioma inglés, por ejemplo, es uno de los principales síntomas de ese desfase educativo que impacta en el potencial de crecimiento individual y colectivo. Superar este rezago debería ser una apuesta prioritaria para ganar espacios en industrias que demandan tal habilidad. A su vez el sector privado podría ampliar la oferta de becas ya existente para poder ganar colaboradores leales y a la vez dar un valioso aporte al futuro nacional.

Si los inversionistas no encuentran el personal necesario en Guatemala se van a otros países, en donde existen fuertes programas de formación. Si los candidatos y partidos en contienda por la segunda vuelta no presentan planes concretos para atraer y mantener inversiones, pero también para abrir oportunidades masivas y efectivas de enseñanza laboralmente pertinente, el país no irá a ninguna parte y solo serán emuladores de anteriores fiascos.