“Durante la campaña presidencial, mi compromiso fue que este gobierno quería mejorar integralmente la salud en nuestro país. Esto contempla un ambicioso plan de inversiones en salud, pero también asegurar que quienes tienen enfermedades crónicas, con tratamientos permanentes, reciban sus remedios de manera oportuna. Estamos hablando de la atención integral de salud y por eso no podemos descuidar la situación de quienes han optado por el sistema de salud privado. Estamos dando hoy un paso importante para resolver situaciones que les toca vivir a los casi tres millones de personas que están afiliadas a instituciones de salud previsional —Isapres—, porque a pesar de su gran cantidad de afiliados, este sistema tiene problemas impostergables de resolver: discrimina a chilenas y chilenos según riesgo. Quiere decir que evalúa vulnerabilidades y conveniencias por edad, sexo y por historial de salud. Las mujeres en edad fértil, las personas con menos ingresos, los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades preexistentes, son desestimadas por las Isapres o se les imponen enormes cobros para entrar en el sistema.

Personas que han estado toda una vida en una Isapre tienen que cambiarse al Fondo Nacional de Salud —Fonasa— después de los 60 años, porque no pueden pagar muchas veces los cobros de los planes. En el caso de las personas con enfermedades preexistentes, vemos que se les disminuye la cobertura de sus prestaciones, y si se quiere cambiar de una Isapre a otra, tendrá una cobertura más baja para la enfermedad anterior que para las enfermedades que no ha sufrido. Se podría decir que las personas son capturadas por una Isapre, sin posibilidad de negociar las condiciones de su contrato. Estas prácticas nos parece que son francamente abusivas, y en opinión del Tribunal Constitucional, algunas de ellas son, además, inconstitucionales.

El acceso a las prestaciones de salud es un derecho, y como tal, no es posible que su provisión quede enteramente librada a las leyes del mercado, comprometiendo así el bienestar de miles de personas. Chile necesita y demanda introducir más equidad y solidaridad en el sistema sanitario, y ello implica garantizar en todos los casos, sin excepción, el derecho efectivo a la salud. Y no cualquier salud, sino a una salud digna, de calidad y oportuna”.

Estos párrafos forman parte del discurso con el cual la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, conformó en marzo del 2014 la Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Régimen Jurídico para el Sistema de Salud Privado. El financiamiento de la salud es uno de los principales desafíos que tienen los hogares chilenos que, aún con un nivel de ingreso muy por arriba del de Guatemala, no todos pueden costearse un seguro que cubra todas sus necesidades de salud.

Los seguros médicos privados pueden ser un magnífico complemento para un sistema público de salud, pero primero hay que garantizar a todos los ciudadanos que no serán abandonados a su suerte en plena enfermedad o en la vejez solo porque no tienen capacidad de pago o se les acabó la cobertura de aseguramiento. Cuando la salud se mercantiliza, la principal moneda de canje son vidas humanas: se paga con enfermedad, discapacidad y muerte prematura.

Chile tuvo la hidalguía de hacer su autoexamen. Esperemos que pronto introduzca ajustes al sistema para hacerlo más adecuado a las necesidades de sus ciudadanos. Acá, en cambio, como que no se quita el gusto por hacer copy/paste de modelos ya cuestionados en otros lados; y por procurar la ganancia fácil, aun a costas de la salud de todos.