Roxana Baldetti, quien fungía entonces como diputada, denunció a Torres por no haber asistido a una cita al Congreso para informar sobre programas sociales del Consejo de Cohesión Social.
Las pesquisas del Ministerio Público establecen que Torres utilizó los programas sociales con fines políticos y su intención era convertirse en candidata presidencial.
Torres aseguró ayer que ante la negativa del amparo apelará en la Corte de Constitucionalidad y volvió a repetir “no fui funcionaria y no manejé recursos”
Torres asegura que a ella se le está violando su derecho de locomoción y pidió al Ministerio Público le presente las pruebas. Además aseguró que la base de datos de todos los beneficiarios ya fue entregada a la ministra.
Añadió que la directora del programa Mi Familia Progresa fue María Castro, ahora viceministra de Finanzas, por lo que sugirió que el Ministerio Público (MP) la investigue.
A criterio de la Fiscalía la mayoría de irregularidades detectadas en el programa Mi Familia Progresa (Mifapro) es que existen números de cédula y direcciones de beneficiados que se repiten.
En las pesquisas también se estableció que este programa abrió una cuenta bancaria con Q141 millones provenientes de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia; sin embargo, alcanzó un monto de Q243 millones, pero hasta ahora no se sabe el origen de los recursos y si en efecto fueron entregados a los beneficiarios.
Con información de Hugo Alvarado
