Como lo aborda Jame Buchanan, premio Nobel de Economía, en su obra Los límites de la libertad, “en la medida que se permita a la acción colectiva romper los límites impuestos por los beneficios mutuos del intercambio, tanto directos como indirectos, la comunidad habrá retrocedido hacia la selva anarquista”.

En dos platos, esto significa que si no hay intercambios razonables de beneficios mutuos dentro de cualquier colectivo que directa o indirectamente afecta a la ciudadanía, pues el sistema se convierte en una selva en donde lo que prevalece es la ley del más fuerte y el más rapaz. Al final todos perdemos.

Los animales grandes de la selva anarquista que alude Buchanan son los mismos bichos que la prensa denunció el año pasado por el posible fraude de haber pagado honorarios por Q21 millones a un abogado, por “elaborar el pacto colectivo”. ¿Qué clase de pacto puede costar miles de quetzales por cada palabra, coma y punto?

Actualmente, a 2,169 líderes sindicales del Ministerio de Salud se les paga Q1,000 diarios para “viáticos”. Bajo el pacto colectivo que pretendían el año pasado se había incluido a todos los líderes sindicales, elevando la suma a 12 mil personas, lo cual hubiese significado Q100 millones anuales por viáticos… sí, leyó bien: ¡Q100 millones por año!

Esto es lo que está aconteciendo con los pactos colectivos de los sindicatos. Es un pacto para sangrar recursos de la yugular de salud pública, reduciendo aún más el presupuesto para atender a los guatemaltecos más necesitados. Según los cálculos, el cumplimiento de los acuerdos hubiese significado erogar Q1,832 millones, en medio de la mayor crisis financiera que ha causado carencias en todos los hospitales del sistema.

La ley de la selva nos tiene como estamos. En ella impera la ley del más
fuerte para canibalizar las arcas nacionales y de paso destruir el sistema. Por eso insiste Buchanan que es de interés ponerse de acuerdo sobre las normas convencionales de existencia porque al no tenerlas, y si cada uno fuese libre de violarlas, los demás deberían ser igualmente libres, y, en comparación con este estado caótico de cosas, cada uno “racionalmente” optaría por mejor aceptar restricciones a su propia conducta. /Buchanan, 1962:214-315

Esto tiene una lógica, según Buchanan, en la medida en que algunos individuos logren minimizar o violar su respeto a la ley y no sean detectados ni reciban castigo, quienes sí cumplen con la ley se darán cuenta de que están pagando un costo sin recibir beneficios, y los imitarán. “Consecuentemente el orden y la cooperación se quebrarán, porque las personas se comportarán de manera similar, violando la ley, con el único fin de protegerse contra los miembros del subgrupo que comenzaron a hacerlo”.

Esa es la situación actual del sindicalismo guatemalteco. Han violado la esencia de su razón de ser, convirtiéndose en depredadores y chantajistas del colectivo ciudadano, por medio de bloqueos politiqueros, demandas absurdas (por ejemplo, la no privatización de la energía eléctrica, pero alentar, defender y lucrar con el robo de Q120 millones de fluido eléctrico), plantear peticiones irrealizables (como demandar que se libere a personas sindicadas de cometer actos criminales); y presionar pactos colectivos exorbitantes fuera de toda razonabilidad. Ahora todo ese despelote politiquero tiene consecuencias y les cobra la factura.

Quienes firmaron esos pactos colectivos actuaron irresponsablemente. Como lo ha comprobado la Procuraduría General de la Nación, la mayoría de esos pactos colectivos se acordaron sin previamente determinar si el Estado contaba con los recursos como lo señala la ley.

Ahora toca a la Corte de Constitucionalidad establecer jurisprudencia, dándole la preminencia a la Constitución y al propio código de trabajo.

Y terminar de una vez por todas con el sindicalismo falso y lépero.

alfredkalt@gmail.com