Mientras argumentaba por qué ella no debe ser enviada a prisión por el caso Cooptación del Estado de Guatemala, el defensor confirmó la medida, que se extendió a otros procesados, aunque no aclaró a quiénes.
Según Moraga Porras, la decisión de retirar el permiso migratorio a su clienta y otros de los procesados por supuestamente integrar una red que se habría apoderado de diversas instituciones públicas, es una violación a sus derechos humanos, provocada por la estigmatización que se le ha dado al caso.
“Ninguno ha sido sentenciado por un tribunal y la condena pública ya existe. Hoy no se puede decir el nombre de estas personas porque para la sociedad ya son culpables”, dijo el abogado al juez de Mayor Riesgo B Miguel Ángel Gálvez.
Ayuso de León también se dirigió al juzgador y le indicó que durante 35 años tuvo visa para ingresar a la unión americana y que mientras estaba en el territorio de esa nación se comportó con respeto a las normas de ese país. Aseguró que por las mismas razones fue que le dieron el permiso desde el principio.
“No es posible que me tengan aquí por la declaración de una persona que admitió su responsabilidad en la comisión de delitos. Mi imagen está perjudicada, soy el sostén de mi familia. Yo tengo a mi cuidado a mi mamá”, enfatizó Ayuso de León.
La procesada, quien también ejerce la abogacía, aseguró que ocupó la dirección del RIC por su capacidad y no por haber obtenido un beneficio de los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, también sospechosos en el caso.
“Me sentí triste cuando usted dijo que muchos funcionarios eran ineptos y no cumplían —los— requisitos del cargo —que ostentaban—”, manifestó la exdirectora del RIC al finalizar su intervención.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala señalan a Ayuso de León por supuestamente recibir Q430 mil como comisión por la compra de un programa informático para la institución. Ella enfrenta la justicia por asociación ilícita y cohecho pasivo.
Durante la audiencia, en su jornada número 29, el juez también escuchó a la defensa de Ábner Antonio Rodríguez Vásquez, quien supuestamente vendió el software al RIC. Él enfrenta proceso por cohecho activo.
La defensa de Rodríguez Vásquez aseguró que el procesado no pertenecía al Partido Patriota y tampoco tenía nexos con los exmandatarios.
Desarrollo
La audiencia de primera declaración del caso Cooptación llega hoy a 30 sesiones. Bastaron 27 jornadas en las que se escucharon los señalamientos de la Fiscalía y los alegatos de los defensores, para que el juez determinara ligar a proceso a 53 y beneficiar con la libertad a otros cuatro, derivado de declarar la falta de mérito a los hechos en su contra.
Gálvez pidió a los abogados defensores que sean breves y concretos en sus intervenciones, con lo cual se podría agilizar la fase en la que se discuten medidas de coerción, que pueden ser de prisión preventiva o arresto domiciliario con condiciones.
El juez espera concluir la diligencia este 4 de agosto, con su resolución final.
