El juez Miguel Ángel Gálvez protagonizó un hecho sin precedentes en la historia jurídica del país, al terminar ayer cinco días de deliberaciones de la primera fase del caso conocido como Cooptación del Estado y con ello ligar a juicio al expresidente Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, los exministros Mauricio López Bonilla y Dwight Pezzarrossi, así como a otros 49 de los 57 acusados por las investigaciones del Ministerio Público y por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Los delitos por los que, en diversas combinaciones, se acusa a los sindicados son lavado de dinero, cohecho pasivo o activo, financiamiento electoral ilícito y falsedad ideológica. Se trata de señalamientos cuya gravedad es diversa en todos los casos, según el cargo que desempeñaban en el Estado. A los ya señalados debe agregarse que hay también un exministro de Cultura y dos exministros de la Defensa, Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio.

El grupo se complementa con un expresidente del IGSS, dos ex subsecretarios de la SAAS, un exdirector del Renap, una exdirectora del Registro de Información Catastral, así como una ex asesora legal, una exsecretaria, una exasistente y un exdefensor de la ex vicepresidenta. También enfrentarán cargos un expresidente del Banrural, un ex gerente general del Banco G&T Continental y un accionista del diario Siglo 21, en el que también la vicepresidenta participaba.

Nos parece importante señalar este resumen porque algunos de los delitos de los que se comentó mucho en diversos círculos sociales no fueron agregados por el juez Gálvez, que con su particular estilo personal hizo avanzar el proceso hasta donde se encuentra ahora, y con ello se ha ganado prestigio y apoyo generalizado. Este no debe disminuir porque parecen ser pocos los delitos, apreciación explicable en quienes no tienen experiencia en asuntos legales.

Terminada esta primera parte del proceso, continuará el funcionamiento del sistema legal del país. Los juzgadores que tengan a su cargo la responsabilidad de los diferentes casos deberán recordar que el interés nacional porque se llegue a resoluciones que cumplan en especial con el espíritu de las leyes, además de sus aspectos formales, debe incluir que no se permita el abuso de procedimientos cuyo fin sea prolongar innecesariamente los veredictos.

Al ver a tantos funcionarios de tan alto nivel sometidos a juicio, es fácil predecir que algo cambiará en la administración pública como en el hasta ahora oscuro tema del financiamiento, tanto de partidos políticos como de candidatos, ya sea por métodos directos o indirectos, como obsequios de propaganda abierta o escondida.

La actuación del juez Gálvez se mantiene en la línea de enviar un mensaje poderoso contra la corrupción política y de los partidos. Como tema colateral, la clausura del partido Líder, decidida el martes por el Tribunal Supremo Electoral, permite prever que serán también investigadas las fuentes de financiamiento de esa agrupación política, cuyo origen se puede fácilmente encontrar en al menos otro partido de los que hoy están activos. Por eso no es exagerado indicar que todo esto es el primer paso en una dirección correcta y urgente.