En él defienden que “la única manera posible” para que los catalanes decidan su futuro es “por la vía de la desconexión” de España.
Justo después de su adopción, compareció la vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría para denunciar la “reiterada vulneración de la legalidad constitucional y del derecho de todos los españoles” desde el parlamento catalán.
Según explicó, el jefe de gobierno conservador Mariano Rajoy contactó con los líderes políticos españoles para actuar “conjuntamente” ante esta decisión y el viernes su gabinete estudiará si la lleva al Tribunal Constitucional.
Aprobado por 72 diputados sobre los 135 del Parlamento regional, el controvertido escrito fue elaborado por una comisión creada para estudiar cómo poner en marcha una asamblea constituyente que redacte la Constitución de la futura república catalana.
Su aprobación no tendrá efectos inmediatos pero se convertirá en la guía de actuación del parlamento.
Primero pondrán en marcha un periodo de consultas a la ciudadanía, después “desconectarán” de la legalidad española y formarán una asamblea constituyente que redacte la constitución.
La tercera fase prevé un referéndum para ratificar este texto. Si esta constitución fuera aprobada, los independentistas declararían el nacimiento de la república catalana en esta rica región mediterránea de 7,5 millones de habitantes.
“Golpe a la democracia”
La aprobación del texto estuvo precedida por tensas discusiones en el parlamento regional en Barcelona. La oposición contraria a la independencia intentó impedir su tramitación y algunos grupos incluso abandonaron la cámara al producirse el voto.
“Es un golpe a la democracia”, criticó la líder de la oposición Inés Arrimadas, del partido centrista Ciudadanos.
En Madrid, Pedro Sánchez, líder del partido socialista PSOE, calificó esta decisión de “desafío” y de “extraordinaria gravedad” y advirtió a los independentistas que “nadie tiene derecho a situar el parlamento de Cataluña fuera de la ley” .
En noviembre, el parlamento regional ya retó a Madrid con una moción en la que lanzaba un proceso de secesión y se declaraba insumiso a las instituciones españolas, especialmente el Tribunal Constitucional, que anularía el texto semanas después.
Con una cultura y un idioma propio, Cataluña vive desde 2010 un auge del independentismo alimentado por la crisis económica y el choque constante entre sus dirigentes y los conservadores que gobiernan España desde finales de 2011.
Los separatistas legitiman sus acciones en los resultados de las elecciones regionales de septiembre de 2015, ganadas por una coalición agrupando a independentistas de izquierda y derecha, Juntos por el Sí.
Con el apoyo del pequeño partido de extrema izquierda e independentista CUP, disponen de mayoría absoluta en el parlamento aunque no superaron el 50% de los votos en esos comicios (48%) .
Juntos quieren emprender un proceso de secesión de España, aunque las discrepancias entre ambos grupos son numerosas, especialmente en materia económica y en desobedecer inmediatamente a Madrid como propone la CUP.
A principios de junio, estas diferencias se plasmaron en el rechazo a los anticapitalistas a aprobar los presupuestos del gobierno. Como consecuencia, el presidente catalán Carles Puigdemont decidió someterse a una moción de confianza el 28 de septiembre.
La aprobación de este texto, que satisface las expectativas de desobediencia de la CUP, podría ayudar a limar las asperezas entre ambos grupos.
