El temor del funcionario se debe a una reacción negativa a las medidas que permitieron tomar el control del reclusorio luego de la masacre en la que murieron 14 personas, entre ellas el reo Byron Lima.
Rivas aseguró que las acciones de control no tienen plazo para los agentes de la Policía Nacional Civil, Fuerzas Especiales y guardias del Sistema Penitenciario. Reconoció que por años las cárceles han sido escuelas del crimen y que una respuesta urgente para recuperar el control es la reforma al Sistema Penitenciario.
¿Se sabe por qué empezó el incidente?
Se tiene información preliminar de lo ocurrido el último lunes, información que nos ha servido para definir algunas acciones de trabajo. No obstante, nuestra posición en este momento es colaborar con el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, encargados de la investigación.
¿Gobernación tiene el control de Pavón?
Sí. Desde que se coordinó la requisa como una de las acciones del plan de acción que se tomó el último miércoles se puede confirmar que se tiene el control en Pavón y permanecerán las Fuerzas Especiales de la Policía. Con lo anterior podemos decir que en estos momentos tenemos de alguna manera el control del centro; no obstante, estamos atentos por alguna eventualidad.
¿Qué otro tipo de acciones han tomado?
El procesamiento de las diferentes escenas de los crímenes y el traslado de algunos privados de libertad a otras cárceles. Como repito, podemos decir que en estos momentos tenemos el control del centro. Nuestro objetivo ahorita es prevenir cualquier incidente negativo que se pueda generar.
¿Qué efecto podrían tener las acciones?
Nada diferente a lo que ha pasado antes, ya que por años las cárceles han sido escuelas que fortalecen las actividades criminales. Estamos atentos a que durante el reacomodo se pueda generar alguna acción negativa de los privados de libertad, pero nuestro objetivo ahorita es prevenir cualquier incidente. ¿De qué tipo? no puedo confirmar.
¿Cuánto tiempo estarán las Fuerzas Especiales?
Nosotros vamos a continuar con el monitoreo las 24 horas del día, por los enfrentamientos que puedan surgir en el interior de este centro. Se han destinado equipos especiales de inteligencia civil de Policía, para que estén atentos a toda la información que se pueda generar, para prevenir cualquier actividad delictiva que pueda generar el descontrol en ese centro y que pueda poner en riesgo la integridad y la vida de los internos.
¿Qué falencias tiene el Sistema Penitenciario?
El descontrol en las cárceles, la sobrepoblación, el hacinamiento, que supera el 300 por ciento; no se cumple con la reinserción del reo, como lo manda la normativa, y prevalece la violación de los derechos humanos de los prisioneros en todas las cárceles.
¿Hay soluciones inmediatas para el control?
Una estructura para poder implementar las acciones urgentes. Es necesario saber hacia dónde vamos, reformar el Sistema Penitenciario, donde verdaderamente insertemos, eduquemos a la población reclusa guatemalteca y las personas que cumplan su condena salgan para servicio. A eso se suma la construcción de nuevas cárceles para reducir la sobrepoblación.
¿Qué es lo más urgente?
Estoy convencido de que la reforma del Sistema Penitenciario. Es inaplazable, no se puede seguir con este sistema que violenta los derechos humanos y que forma criminales dentro de las cárceles.
¿Confirma que mil reos podrían salir por la redención de penas?
No. Información preliminar de las mesas de trabajo instaladas aseguran que la cifra será menor porque muchos de los privados tienen otras imputaciones.
Hacinamiento
Nuevas cárceles
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, aseguró que pidió apoyo a la comunidad internacional para la construcción de más cárceles “porque la generación de infraestructura requiere presupuesto”.
Comunicó que ya ha tenido respuesta y prevé que en diciembre próximo esté lista la cárcel para mujeres acompañadas.
Asimismo se espera que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio entregue algunas casas para recluir a privados de libertad con enfermedades terminales o en situación de riesgo.
