El caso Aceros de Guatemala, el proceso penal contra la megaestructura de corrupción denominada Cooptación del Estado —en la que ya no solamente están señalados políticos, sino empresarios, banqueros y gerentes de empresas transnacionales— y la posterior captura del presidente del hotel Camino Real, han enrarecido el ambiente nacional.

Y no es para menos. A la ciudadanía le resulta extrañísimo ver en las salas de audiencia de los tribunales a distinguidos señores y señoras de buena posición económica, porque en el imaginario popular “ellos no roban porque no necesitan”. Razón que se esgrime también a la hora de emitir el voto a favor de candidatos de “buenas familias” e “intachable trayectoria empresarial”.

Acostumbrados como estábamos a ver desfilar exclusivamente por las carceletas y pasillos de los tribunales a pandilleros, extorsionistas, narcotraficantes, integrantes de bandas de secuestradores y robacarros, sorprenden los nuevos rostros que nada tienen que ver con la concepción del “típico” delincuente.

En nuestro país, como en otros lugares de América Latina, está muy extendida la práctica de detener a las personas por “posesión ilegal de cara”, o lo que es lo mismo, por parecer criminal. La cara de “malo”, de “pobre”, de “sucio” o de “indígena” es más que suficiente para que se esfume la presunción de inocencia y la opinión pública asuma la culpabilidad intrínseca de esa “clase” de personas.

Contrario sensu a lo que pasa por la cabeza de la gente cuando quien está engrilletado porta una cara “legal”, es elegante, se viste bien y tiene modales refinados. Ahí se nos trastocan los valores, se genera una especie de conmiseración por el imputado —que lo más que merece es la prisión domiciliaria— y se aviva la rabia contra los fiscales que se han atrevido a llegar tan lejos.

Lo anterior no es más que una construcción social que se ha ido afianzando a lo largo de nuestra historia y que en momentos como este es aprovechada convenientemente para lograr el éxito de la campaña de desinformación, miedo y desprestigio, e instalar la idea de que al MP y a la Cicig “la situación se les está yendo de las manos”.

Muy hábilmente, estos sectores que hoy se sienten bajo ataque y que ven amenazados sus intereses y privilegios han logrado cambiar el eje de la discusión y también el centro del problema. Ya empieza a permear el discurso de que lo que está mal no es haber defraudado al Estado, ni financiar ilegal e ilícitamente partidos políticos, tampoco pagar coimas para obtener contratos y menos dar sobornos para continuar con los negocios; lo malo es que el MP y la Cicig sigan investigando y persiguiendo penalmente a quienes estén involucrados en estas macrorredes criminales porque están generando incertidumbre e inestabilidad, y poniendo en peligro la inversión y el “clima de negocios”.

¿A dónde vamos a parar? se pregunta la gente de a pie, como si formara parte de las élites y de los sectores de poder que por primera vez en mucho tiempo están teniendo que responder por sus actuaciones. ¿No será ya demasiado? se cuestionan, acuerpando la postura de la cúpula económica de dejarlo todo hasta donde está y “mirar para adelante”.

Estamos inmersos en una disputa entre quienes quieren mantener el estado actual de las cosas, porque garantiza sus intereses y privilegios, y entre quienes queremos la transformación del sistema por uno en el que quepamos todos. La pregunta en realidad no es hasta dónde llegarán el MP y la Cicig; es si como sociedad queremos avanzar o dejaremos que esta sea otra oportunidad perdida.

@MarielosMonzon